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La arquidiócesis de Mendoza destaca los alcances de una ley proteccionista
Miercoles 20 Nov 2019 | 08:23 am
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Mendoza (AICA): A raíz de la iniciativa para modificar la Ley 7722, la Pastoral Social y de Ecología Integral de la arquidiócesis de Mendoza recuerda que la norma de seis artículos “no es una ley antiminera”, sino que “exige determinados recaudos necesarios a tomar para autorizar la explotación minera en la provincia”. “Expresamente expone la tutela del recurso hídrico”, subraya.
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La Pastoral Social y de Ecología Integral de la arquidiócesis de Mendoza difundió un comunicado titulado “¿Qué Mendoza queremos dejarle a nuestros hijos?”, a raíz de la iniciativa para modificar la Ley 7722 tras el otorgamiento de un permiso a la firma “Hierro Indio S.A.” para realizar tareas de exploración en la mina ubicada en Malargüe.

El organismo diocesano recuerda que la norma de seis artículos, que ahora se pretende modificar, “no es una ley antiminera”, sino que “exige determinados recaudos necesarios a tomar para autorizar la explotación minera en la provincia”.

“La construcción de esta ley es fruto de un proceso social admirable que merece ser respetado”, destaca, y sostiene: “Expresamente expone la tutela del recurso hídrico como una finalidad de esta ley y por eso limita el uso de sustancias tóxicas que lo contaminan”.



Comunicado: ¿Qué Mendoza queremos dejarle a nuestros hijos?
En estos días, luego de la aprobación exploratoria de Hierro Indio, se da por descontado en los medios de comunicación la derogación o modificación de nuestra Ley 7722.

Esta breve ley de seis artículos no es una ley antiminera. Es una ley que exige determinados recaudos necesarios a tomar para autorizar la explotación minera en la provincia. “La construcción de esta ley es fruto de un proceso social admirable que merece ser respetado”.

Atravesamos una vez más un año de sequía fruto del cambio climático que nos afecta a todos. Y lo sentimos todos: la ganadería, la agricultura y la vida de los oasis poblados en la provincia. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Así nos lo pide incluso la publicidad estatal.

La ley 7722 ha sido históricamente una herramienta de protección de este bien escaso e imprescindible ya que “cuando hablamos del agua tenemos que saber que nosotros somos el agua, el aire la tierra”. El artículo 1 expresamente expone la tutela del recurso hídrico como una finalidad de esta ley y por eso limita el uso de sustancias tóxicas que lo contaminan.

El art. 3 garantiza la necesidad de la licencia social, elemento indispensable para cualquier acción que pueda conllevar la pérdida de un bien escaso. Por eso, exige la ratificación por ley de la declaración de impacto ambiental después de escuchar a todas las voces que alcancen el siempre delicado y necesario consenso social. Así, esta Ley 7722 confirma nuestra mejor tradición institucional, requiriendo la ratificación legislativa para estos proyectos.

Trabajamos por el diálogo y el debate que nos ayuden a superar las dificultades sociales y económicas que afectan la provincia y el país. El contexto y el horizonte lo constituye el pleno respeto de una ecología integral. En ese sentido, tenemos que ser conscientes que las decisiones que hoy tomemos impactarán no sólo en el presente sino de cara a las generaciones futuras. Pedimos especialmente a los legisladores que asuman plenamente y ante la ciudadanía esta responsabilidad que va más allá de la coyuntura política.

“Ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra.” (Papa Francisco, Laudato sí, 160)
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