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LA DEMOCRACIA Y SUS EXIGENCIAS ANTE EL PROCESO ELECTORAL


Declaración de la Comisión Nacional de Justicia y Paz , dada en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, el 20 de agosto de 1999.


I

El pueblo argentino ha optado decididamente por convivir en relaciones humanas democráticas, no solo desde el punto de vista de las estructuras políticas que adopta la forma republicana, sino también en el sentido más amplio de un profundo estilo de vida.

Con luces y sombras, altas y bajas, a lo largo de la historia los argentinos nos esforzamos en el camino hacia la construcción de esa convivencia democrática plena. El último esfuerzo ha completado 15 años, pudiendo asegurarse que se ha confirmado y ratificado aquella decisión que viene desde los albores de la independencia (1). El convencimiento de la convivencia democrática se afianza con el devenir del tiempo, estando (parecería que definitivamente) alejada la posibilidad de aventuras contrarias.

La Iglesia aprecia el sistema democrático (2). Nuestra democracia no presenta niveles de perfección, y por ello es dablé poner de relieve el sentido y dirección de la tarea que debemos realizar.


II

La democracia republicana requiere condiciones esenciales que es necesario estructurar y respetar.

a) El estado de derecho es condición necesaria para establecer una verdadera democracia (3). El sometimiento a la ley de gobernantes y gobernados. El respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución Nacional es imperativo insoslayable para una vida civilizada.

b) La división y equilibrio de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en sus propias esferas de competencia, sin avasallamientos ni dependencias, configuran la esencia del respecto a las instituciones y a las garantías de los derechos de todos los ciudadanos (4).

c) La presencia y participación de partidos políticos que reflejen las distintas corrientes de opinión y opciones en la construcción del bien común.

Son instrumentos inderogables en una democracia y que los obliga severamente a descartar una función de meras empresas electorales (5), con despiadadas y huecas luchas internas por predominios que sólo buscan la satisfacción de intereses y apetencias personales o de grupo (6).

Los partidos políticos deben ser escuelas de educación cívica y de esclarecimiento político mediante la formación de sus adherentes, el estudio de los problemas de la sociedad y la elaboración de programas de gobierno concretos, claros y viables de accederse al poder.

d) La periodicidad de los mandatos públicos. Para la democracia republicana, no es saludable la perdurabilidad en la función. Los mandatos de duración razonable no implican proscripciones, discriminaciones ni exclusiones, sino asegurar la alternancia en el poder que posibilita la renovación de programas y proyectos.


III

Para una democracia plena y no meramente de formas es necesario procurar ciertas metas y vivenciar valores. Una democracia sin valores se desnaturaliza y se vuelve contra el hombre (7). Las normas morales universales y objetivas son el fundamento de una verdadera democracia (8).

a) El reconocimiento y afianzamiento de la dignidad de la persona humana. Es indispensable el respeto de sus derechos fundamentales de todo orden (político, económico, social, religioso y cultural) creando las condiciones de su ejercicio por cuanto en ellos encuentra el hombre su desarrollo en plenitud. Cuando en una sociedad todos los hombres tienen la posibilidad de su ejercicio, el bien común está asegurado.

b) El respeto a la vida desde la concepción en el seno materno, hasta su muerte natural. El aborto voluntario es un crimen de particular malicia, debiéndose luchar contra esa práctica, que lamentablemente se va extendiendo (9) y hasta existen pretensiones de su legalización.

c) Valorar, respetar y proteger la familia legítima fundada en el matrimonio de hombre y mujer, evitando todo lo que daña su unidad, estabilidad (10) y sano crecimiento.

d) Asegurar un alto grado de participación efectiva de todos los ciudadanos y asociaciones intermedias en la construcción del objetivo fundamental del bien común.

«En una democracia todos los ciudadanos deben sentirse protagonistas y artífices responsables de su propio destino como pueblo. Cada uno según su posibilidad, ha de contribuir al bien común que es la razón de existir de la nación políticamente organizada»(11).

e) La valoración del trabajo humano y su primacía por sobre el capital, la técnica y aún las estrategias económicas. El derecho a obtener un trabajo con justa remuneración es prioritario en toda sociedad. La desocupación es un ataque directo a la dignidad del hombre y un pecado social.

f) La economía debe ser humana y para el hombre, asegurando un crecimiento de bienes y servicios, con justicia social. «No puede haber democracia política verdadera y estable sin justicia social... No hay posibilidad de progreso político o de crecimiento económico sin un paralelo desarrollo social...»(12)

Juan Pablo II ha señalado en su reciente documento «Iglesia en Améria» que «cada vez más, en muchos países americanos impera un sistema conocido como ‘neoliberalismo’; este sistema haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y de los pueblos. Dicho sistema se ha convertido, a veces, en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles».(13)

g) Asegurar el acceso de todos a la educación y a los bienes de la cultura. Todos los hombres por ser persona tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y abierta a las relaciones fraternales de los pueblos.(14)

h) Erradicar el fenómeno ampliamente extendido de la corrupción que ha llegado hasta los ámbitos más impensados. Promover la práctica de valores como la verdad, la honradez, la laboriosidad y el servicio al bien común han de contribuir a erradicar este mal de la sociedad.(15)

i) El rostro humano de una sociedad se revela en la opción preferencial por los pobres y marginados. Los derechos humanos son un simple enunciado cuando la vida se desarrolla en condiciones de pobreza generalizada y estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades.(16)

j) La integración de los pueblos y especialmente entre las naciones latinoamericanas es un imperativo de los nuevos tiempos, en un marco de respeto a las individualidades culturales, colaboración recíproca, intercambios equitativos y solidaridad internacional.(17)

k) Es imperioso dar pasos eficaces para una total y profunda reconciliación nacional. De lejos vienen antiguos enfrentamientos y resentimientos que no se han superado hasta el presente, no obstante el esfuerzo, que es dable reconocer, que han hecho ciertos sectores. No se ha llegado a la paz en cada uno de los corazones que es desde donde se construye la paz profunda y verdadera en el seno de la sociedad. Es necesario apaciguar los espíritus en la concreción de una nación reconciliada. Ello requiere, gestos, actitudes y comportamientos acordes, no siendo suficiente simples expresiones de deseos. (18)


IV

La Iglesia no ha dejado de repetir que la democracia cuando es auténtica, es una resonancia del Evangelio en el orden temporal en cuanto significa la sustancial igualdad entre los hombres, implica la lucha por la verdad y la justicia, privilegia la libertad responsable y promueve la amistad social. (19)

Esta democracia auténtica fundada en la verdad requiere de la participación y esfuerzo de todos. Nadie puede ser excluido ni auto excluirse.

«No hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política con miras a armonizar el bien común, el bien sectorial y el bien personal, buscando una forma de convivencia y desarrollo de la pluralidad dentro de la unidad de objetivos fundamentales»(20).

El país se abre a un proceso electoral que desembocará en la renovación de autoridades en los albores del nuevo milenio.

Tiempo oportuno para la reflexión de todos los sectores, para analizar, corregir y proponer.

En esta etapa tienen un papel protagónico fundamental los partidos políticos y quienes aspiran a desempeñar cargos públicos. Al ciudadano le cabe la grave responsabilidad de elegir a los mejores.

Para los primeros es procedente recordar la exhortación de los obispos americanos en Santo Domingo, para que en el ejercicio de su respetable misión al servicio de los pueblos, se empeñen en favor de la justicia y del desarrollo integral, guiados por un indispensable imperativo ético en sus decisiones (21).

Para los electores, que es un deber elegir con racionalidad y prudencia entre quienes por su ideario político y su conducta garanticen las justas aspiraciones del pueblo argentino, desterrando el actuar por sentimientos ciegos, por la inercia de la tradición o por espíritu sectario.(22)

Del acierto en el rumbo que se elija y de los hombres que conducirán los destinos de la nación dependerá en gran parte la posibilidad del crecimiento de nuestra incipiente democracia en libertad, igualdad y justicia.

En la ciudad de Córdoba, localidad de Tanti, a los veinte días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y nueve.


Comisión Nacional de Justicia y Paz.


Presidente:
Dr. Armando S. Andruet (h), Vicepresidente: Pbro. Dr. Julio Méndez, Tesorero: Arq. Humberto Terrizzano, Secretario: Prof. Horacio Ghilini, Obispo Asesor: Mons. Gerardo Farrell. Miembros: Lic. Ludovico Videla, Sr. Carlos Custer. Consultores Permanentes: Dr. Julio C. Alzueta, Lic. Javier Alonso Hidalgo, Dr. Javier Grau Riembau, Ing. Florencio Amaudo, Lic. Luis Zone, Dr. Pedro Lella, Dr. Carlos Sanz, Lic. Joaquín Reynoso, Prof José M. Vera, Lic. Alejandro Llanes Navarro. Dr. Armando S. Andruet (h), Vicepresidente: Pbro. Dr. Julio Méndez, Tesorero: Arq. Humberto Terrizzano, Secretario: Prof. Horacio Ghilini, Obispo Asesor: Mons. Gerardo Farrell. Miembros: Lic. Ludovico Videla, Sr. Carlos Custer. Consultores Permanentes: Dr. Julio C. Alzueta, Lic. Javier Alonso Hidalgo, Dr. Javier Grau Riembau, Ing. Florencio Amaudo, Lic. Luis Zone, Dr. Pedro Lella, Dr. Carlos Sanz, Lic. Joaquín Reynoso, Prof José M. Vera, Lic. Alejandro Llanes Navarro. Dr. Armando S. Andruet (h), Vicepresidente: Pbro. Dr. Julio Méndez, Tesorero: Arq. Humberto Terrizzano, Secretario: Prof. Horacio Ghilini, Obispo Asesor: Mons. Gerardo Farrell. Miembros: Lic. Ludovico Videla, Sr. Carlos Custer. Consultores Permanentes: Dr. Julio C. Alzueta, Lic. Javier Alonso Hidalgo, Dr. Javier Grau Riembau, Ing. Florencio Amaudo, Lic. Luis Zone, Dr. Pedro Lella, Dr. Carlos Sanz, Lic. Joaquín Reynoso, Prof José M. Vera, Lic. Alejandro Llanes Navarro.


Notas:

(1)   Cf. Iglesia y Comunidad Nacional. C.E.A. números 111 y 112. 

(2)   Cf. Centesimus annus, Nº 60; Pío XII. Radiomensaje de Navidad (24.02.1944).

(3)   Cf. Iglesia en América Nº 56; Centesimus annus Nº 46.

(4)   Cf. Iglesia y Comunidad Nacional, Nº 120.

(5)   Cf. Iglesia y Comunidad Nacional, Nº 121.

(6)   «La vida política, como expresión madura de una sociedad, muestra toda su noble condición de ejemplaridad y de mediación necesaria cuando -dejando de lado una infecunda gimnasia hacia el poder, que desgasta y quita credibilidad- manifiesta una sincera y comprometida búsqueda del bien común, que la justicia la reclama. La política, iluminada por la ética, debe alimentarse de la verdad y la justicia, y expresarse en el honesto testimonio de la idoneidad y asimismo en la capacidad de crear las condiciones que posibiliten el desarrollo integral del hombre». Declaración del Episcopado Argentino, 17 de abril 1999.

(7)   «Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia». Centesimus annus Nº 46; Veritatis splendor, Nº 101.

(8)   «En efecto, estas normas (morales universales) constituyen el fundamento inquebrantable y la sólida garantía de una justa y pacífica convivencia humana, y por tanto de una verdadera democracia, que puede nacer y crecer solamente si se basa en la igualdad de todos sus miembros unidos en sus derechos y deberes... las reglas morales fundamentales de la vida social comportan unas exigencias determinadas a las que deben atenerse tanto los poderes públicos como los ciudadanos». Veritatis splendor, Nº 96/97.

(9)   Cf. Principios de orientación cívica para los cristianos, Nº 3.

(10) Cf. Principios de orientación cívica para los cristianos, Nº 17.

(11) Ante la nueva etapa del país. (C.E.A. 12.11.83), Nº 2.

(12) Cf. Iglesia y Comunidad Nacional, Nº 126.

(13) Iglesia en América, Nº 56.

(14) Cf. Gravissimum educationis, Nº 1; Gaudium et spes Nº 60.

(15) Cf. Iglesia en América Nº 60.

(16) Cf. Conferencia de Santo Domingo, Conclusiones Nº 167; Documento de Puebla Nº 31 a 39. «La economía globalizada debe ser analizada a la luz de los principios de la justicia social, respetando la opción preferencial por los pobres, que han de ser capacitados para protegerse de una economía globalizada, y ante las exigencias del bien común internacional.» Iglesia en América, Nº 55.

(17) «La Iglesia no acepta aquella instrumentación de la universalidad que equivale a la unificación de la humanidad por via de una injusta e hiriente supremacía y dominación de los pueblos o sectores sociales sobre otros pueblos o sectores». Documento de Puebla Nº 425/427. «La Iglesia en América está llamada no solo a promover una mayor integración entre las naciones, contribuyendo de este modo a crear una verdadera cultura globalizada de la solidaridad, sino también a colaborar, con medios legítimos, en la reducción de los efectos negativos de la globalización como lo son el dominio de los más fuertes sobre los más débiles, especialmente en el campo económico, y la pérdida de los valores de las culturas locales a favor de una mal entendida homogenización». Iglesia en América, Nº 55.

(18) «Para lograrla (la reconciliación) es preciso que cada uno... aliente el diálogo sincero y racional como la única arma aceptable para la lucha política, que más que la derrota del contrario tienda a lograr la armonía de pensamiento y voluntades, adopte una actitud de condescendencia fraterna hacia quienes se hayan equivocado o nos hayan hecho daño, procurando tomar la iniciativa para el reencuentro con ellos, ejerza la justicia con rectitud y verdad sin espíritu de venganza, fomente sentimientos de clemencia en la aplicación de las penas por los delitos cometidos, hasta desembocar en el perdón sincero, el cual tiene su espacio propio no sólo en las relaciones individuales sino también en las sociales». (Camino de reconciliación, C.E.A. Nº 7). «A todos nos compromete la responsabilidad de darnos el gesto de la reconciliación, siguiendo el camino de la verdad, de la justicia y del retorno a Dios...» Conferencia Episcopal Argentina, 17 de abril de 1999.

(19) Cf. Consolidar la patria en la libertad y la justicia. C.E.A. 1985.

(20) Iglesia y Comunidad Nacional, Nº 127.

(21) Documento de Santo Domingo. Mensaje a los pueblos de América Latina y el Caribe, Nº 39.

(22) Cf. Camino de reconciliación Nº 14.


Este documento fue publicado como suplemento
del Boletín Semanal AICA Nº 2234, del 13 de octubre de 1999


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