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ORDEN POLÍTICO
Como tantos otros vicios nacidos con el mundo, a la corrupción se le puede poner coto o marcar límites y tratar de reducirla a su mínima expresión. Lo que no puede hacerse es cortarla de cuajo y eliminarla cual si fuera una peste. Dicho de otra manera, la corrupción es inevitable. ¿Por qué? se preguntarán muchos. En primera instancia por lo que cabría denominar el presupuesto antropológico de la cuestión. Si alguien lograse demostrar la bondad natural del género humano y consiguiese cargar las culpas de nuestros vicios sobre las ya cansadas espaldas de la sociedad, las clases sociales, el Estado o la religión, las cosas serían diferentes. Pero mientras seamos buenos en determinadas circunstancias y extremadamente perversos en otras, la corrupción vivirá entre nosotros. Ciertamente ello no supone resignarse a la corrupción, ni bajar los brazos frente a ella. Enunciar como punto de partida el carácter inevitable de la corrupción arrastra el propósito de situar el tema en términos realistas, nada más.
Los distintos gobiernos que se sucedieron de cincuenta años a esta parte han proclamado “urbi et orbi” que la corrupción sería el principal enemigo que combatirían. Sinceros o no, el resultado ha terminado sin excepción en el hecho que cada uno entregó a su sucesor un país un poco más corrupto que el que encontró, con la coincidencia, ciertamente nefasta, de que conforme transcurrió el tiempo los vicios cambiaron: antes la corrupción era cosa de individuos particulares; ahora se ha hecho “movimientista”.
Frente a una corrupción que, como fenómeno social, se ha extendido a todos los estratos infestando la misma urdimbre del tejido social, no caben las “recetas mágicas”, pero sí una ordenada y coordinada acción eficaz de todos los sectores que componen la sociedad a fin de contrarrestarla. Si bien esto es responsabilidad de todos, principalmente es responsabilidad de la autoridad pública legítimamente constituida quien, a través de los diferentes organismos encargados de cumplir sus funciones inherentes, debe procurar el bien común de toda la comunidad. Ello conlleva restablecer un conveniente orden político y jurídico conforme a Derecho en donde tal orden se ha viciado o, virtualmente, se ha “diluido” por razón de la misma extensión de la corrupción. En tal sentido debemos tener en cuenta que para que la organización jurídica y política rinda sus ventajas propias, las autoridades deben actuar con medios idóneos, conformes con las funciones específicas de su competencia y con la situación actual de cada país. Resulta, pues, atinado recordar los siguientes principios:
El cometido que debe perseguir todo Estado es procurar el bien común. Dicho bien común, en palabras del Magisterio Auténtico de la Iglesia abarca el conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo conveniente y pleno de su propia perfección. El orden público, entendido como la aplicación de un conjunto de principios políticos, jurídicos, económicos y sociales, esenciales para la existencia, seguridad y desenvolvimiento normal de la sociedad (J.J. Llambías) queda subsumido en el concepto de bien común y es, por tanto, parte del fin y responsabilidad de toda autoridad.
El mencionado orden público exige que “se dicte”, “se ejecute” y “se obligue al cumplimiento por parte de los ciudadanos”; esto determina las funciones propias de la autoridad constituida: legislativa, ejecutiva y judicial. Mediante el dictado de leyes justas y adecuadas se procuran las condiciones exigidas para la consecución del bien común; mediante el dictado de leyes atinadas y convenientes puede establecerse un fuerte “frente de batalla” ante la corrupción. Dichas leyes deberán apuntar a dos factores importantes relacionados con la práctica efectiva de la corrupción: la oportunidad y la impunidad. Lo primero, minimizando las condiciones que crean tal oportunidad: una excesiva burocratización que antes que favorecer más bien entorpece el normal desarrollo de la sociedad en sus diversos órdenes y favorece la implementación de mecanismos que facilitan la “sensación” de que la corrupción es el único camino viable (muy especialmente esto se refleja en el orden económico, tanto en el sector público como, especialmente, en el privado). No se quiere significar una ausencia absoluta de toda norma y control, sino un equilibrado ejercicio de las mismas. Lo segundo, previendo la aplicación de penas severísimas que repriman toda corrupción. No basta con el dictado de leyes anti-corrupción; a ello debe sumársele la implementación eficaz de políticas públicas destinadas al desarrollo sustentable cuya aplicación dé lugar a fomentar el protagonismo real de los verdaderos sectores productivos de la comunidad, eliminando, paulatinamente, la tentación en intereses espurios propios de un comportamiento corrupto y a sus agentes y beneficiados. Es responsabilidad de la autoridad decidir qué políticas, para qué país, y sobre qué perfil nacional se deben implementar. A ello debe sumársele el rol de los organismos encargados de administrar justicia. Si nuestra historia reciente no registra en sus anales ninguna condena por corrupción, es evidente que falla el mecanismo de enjuiciamiento; si las penas son leves y se dificulta demostrar la culpabilidad del acusado, es imposible avanzar en contra del mal de la corrupción. Si, en cambio, los hombres públicos fuesen conscientes de que podrían ser enjuiciados, que deberían demostrar su inocencia y, para ello, deberían dar razón de su patrimonio y que, además, de ser hallados culpables, podrían ser llevados a prisión, la impunidad recibiría un revés de consideración.
En torno a la lucha contra la corrupción se difunden muchos “mitos”, verdaderos “lugares comunes” repetidos hoy hasta el hartazgo. Uno de ellos es que la justicia y la democracia serían los únicos remedios para acabar de una vez para siempre con la corrupción. De ser así, en las grandes democracias occidentales, no existiría la corrupción, lo cual no es cierto. Una democracia bien entendida se basa en la participación del pueblo en la concreción efectiva del destino de la comunidad. Pero para que tal participación sea verdaderamente digna y humana, debe estar fundada en la idoneidad, la honestidad, y una profunda vocación moral por el bien común. En la medida en que todos comprendamos que la corrupción no es un problema que le acontece a “los demás” y cuya solución no depende exclusivamente “de las autoridades”, sino un problema de todos, que se morigerará con el común accionar de todos, solo entonces habremos iniciado una verdadera y convincente lucha contra este flagelo.
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