Es reconfortante que el Congreso Nacional haya respondido a la iniciativa del grupo "Parlamentarios para el Jubileo", suscitado a su vez por la exhortación del papa Juan Pablo II expresada en su Carta Apostólica «Tertio millennio adveniente». El punto de ese documento que hoy motiva nuestra reunión es el referido a la deuda externa internacional y es conveniente recordar cómo lo plantea textualmente Papa. Dice así, en la sección pertinente del párrafo 51: «...En el espíritu del Libro del Levítico (25, 8-28), los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del mundo, proponiendo el Jubileo como un tiempo oportuno para pensar entre otras cosas en una notable reducción, si no en una total condonación, de la deuda internacional, que grava sobre el destino de muchas naciones».

El año jubilar era declarado santo, es decir, consagrado a Dios Creador del universo y Señor del tiempo. Las prescripciones establecidas por la ley no eran meras determinaciones económicas y sociales, sino que expresaban el sentido de la fe bíblica y de sus exigencias; manifestaban que la tierra pertenece a Dios, el único verdadero propietario, y que los hombres son, en realidad, extranjeros y huéspedes en ella. Si el Señor de la historia ha liberado a su pueblo de la esclavitud y le ha dado una tierra en posesión, cada uno de sus fieles está llamado a imitar la generosidad de Dios en su actitud para con los dependientes y desposeídos. De allí que la intencionalidad objetiva del año jubilar se dirigiera a restablecer cierta igualdad entre los miembros del pueblo de Dios, otorgando una nueva oportunidad a los que habían perdido su propiedad y hasta su libertad personal. Proclamaba también la necesidad de un gobierno justo, el cual según la tradición bíblica consiste sobre todo en la protección de los débiles. La preocupación por los pobres, por los que habían quedado sin recursos propios, inspiraba también la prohibición de la usura.

Los principios teológicos y éticos que fundaban el ideal del año jubilar fueron retomados por los profetas. Ellos vislumbraron un año de gracia, un tipo de liberación que va mucho más allá del retorno de la propiedad a sus primitivos poseedores y de la remisión de las deudas. En el Libro de Isaías (61, 1-2), leemos: «El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor».

Jesús se aplicó a sí mismo el texto de Isaías al declarar solemnemente: «Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy» (Lucas 4, 2l). Siguiendo sus huellas, la Iglesia ha hecho una «relectura» del año jubilar interpretándolo en el contexto del tiempo inaugurado por el Mesías, nueva dispensación vigente hasta el fin de la historia. En el ejercicio de su misión evangelizadora, la Iglesia propone una justicia superior: la del Reino de Dios. Como lo explicó el papa Pablo VI, ella ofrece la salvación a todos los hombres, no una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales e incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal, sino una salvación que desborda esos límites para realizarse en la comunión con Dios; una salvación que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad (cf. «Evangelii nuntiandi», 27). Esto no significa que la obra de la evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan discutidas hoy en día, que atañen a las relaciones de justicia y de solidaridad entre las personas y las sociedades, y que deben ser juzgadas y orientadas en referencia al orden moral.

La enseñanza del Evangelio acerca del amor al prójimo que sufre o padece necesidad, inspira y anima la preocupación social de la Iglesia, que ha sido plasmada conceptualmente en un cuerpo doctrinal. Ella se refleja también en la propuesta de celebrar como un Gran Jubileo el bimilenario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el carácter inseparable que atribuye a sus dos dimensiones, temporal y espiritual.

El contexto religioso en que el Papa ha ubicado el tema de la deuda demuestra por sí mismo que no se trata de una cuestión eminentemente económica ni comercial, sino que en ella van involucradas sobre todo consideraciones propias de la ética y de la teología moral, y que inciden directamente sobre el derecho internacional.

En efecto, ya desde tiempo antes la Iglesia ha venido advirtiendo acerca del sentido perverso que la deuda internacional comenzó a adquirir cuando sus términos se apartaron manifiestamente de la justicia, al alterarse la relación original entre acreedores y deudores. Me refiero a la modificación unilateral de los intereses aplicada por los acreedores, medida viciosa que engendró otros males gravísimos.

En 1986 la Pontificia Comisión Justicia y Paz se expidió sobre el tema de la deuda internacional a través de un documento titulado «Al servicio de la comunidad humana: Una consideración ética de la deuda internacional». Allí se afirma expresamente que el total de la deuda daña gravemente la economía y el nivel de vida de los países en desarrollo, y que en este cuadro los reembolsos exigibles cada año constituyen el factor más grave. Y cual consecuencia de lo dicho, señala textualmente que «otros comportamientos deberían ser examinados, como la aceptación de moratoria, la remisión parcial o incluso total de las deudas».

Un año después, en su encíclica «Sollicitudo rei socialis», el papa Juan Pablo II se refirió a la cuestión en términos esclarecedores que me permito repetir:

"La razón que movió a los países en vías de desarrollo a acoger el ofrecimiento de abundantes capitales disponibles, fue la esperanza de poderlos invertir en actividades de desarrollo. En consecuencia, la disponibilidad de los capitales y el hecho de aceptarlos a título de préstamo pueden considerarse una contribución al desarrollo mismo, cosa deseable y legítima en sí misma, aunque quizás imprudente y en alguna ocasión apresurada".

"Habiendo cambiado las circunstancias en los países endeudados como en el mercado internacional finianciador, el instrumento elegido para dar una ayuda al desarrollo se ha transformado en un mecanismo contraproducente. Y esto ya sea porque los países endeudados, para satisfacer los compromisos de la deuda, se ven obligados a exportar los capitales que serían necesarios para aumentar o incluso mantener su nivel de vida, ya sea porque, por la misma razón, no pueden obtener nuevas fuentes de financiación indispensables igualmente".

"Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos se ha convertido en un freno, por no hablar de, en ciertos casos, hasta de una acentuación del subdesarrollo".

En 1989, la conferencia episcopal de los Estados Unidos de América produjo un documento de título tan extenso como elocuente: "Alivio de la carga de la deuda del Tercer Mundo. Llamamiento a la corresponsabilidad, la justicia y la solidaridad", y allí expresaba: "Hace tres años comenzamos nuestra carta pastoral llamada Justicia económica para todos, exponiendo tres criterios fundamentales por los que creemos que debería medirse una economía: ‘Cualquier perspectiva humana, moral y cristiana sobre la vida económica necesariamente se configura a partir de tres preguntas: ¿Qué hace la economía por el pueblo?; ¿cómo afecta la economía al pueblo?, y ¿cómo participa el pueblo en ella?’ Entre las cuestiones de política pública que examinamos a la luz de estas tres preguntas figuró la de qué hacer acerca de la deuda de los países en desarrollo (...). Instamos a nuestros banqueros comerciales, incluidos muchos que son católicos, a que comprendan y acepten la corresponsabilidad para la solución de este urgente y crucial problema (...). Instamos a los banqueros estadounidenses a que den más prioridad a las consideraciones de la justicia y la corresponsabilidad que a la pérdida o ganancia financiera a corto plazo".

En 1991, en su encíclica "Centessimus annus", dice Juan Pablo II: "No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables", sino que es necesario encontrar soluciones "compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso".

Y para concluir con estas citas demostrativas de la preocupación de la Iglesia por la deuda internacional, que han hecho de ésta uno de los temas centrales del año jubilar, también Juan Pablo II expresó el 3 de noviembre de 1999 que "es necesario aplicar una ética de la supervivencia que regule las relaciones entre acreedores y deudores, de manera que el deudor en dificultades no se vea presionado por un peso insoportable (...). Hoy, en el contexto de la economía globalizada, el problema de la deuda internacional se hace todavía más espinoso, si no queremos afrontar una catástrofe general".

La Argentina no se encuentra de ninguna manera fuera de las consideraciones que la Iglesia ha venido formulando sobre la peligrosidad e injusticia contenidas en el problema de la deuda externa. Por el contrario, los intereses que por ese concepto paga nuestro Estado Nacional alcanzan al 18,8 por ciento de su Presupuesto General, con un crecimiento continuo que vuelve cada vez más dificil aplicar remedios a la desocupación y al empobrecimiento colectivo.

No es posible desconocer la gravedad de la deuda externa argentina, ni es legítimo intentar disimularla señalando otros aspectos de la realidad económica. Tales actitudes no sólo cooperan con el mantenimiento de una situación moral y jurídicamente inaceptable, sino que también llevan al fatal incumplimiento con los acreedores, quienes, si seguimos por este camino, no encontrarán en los deudores ni aquella clásica libra de carne humana que reivindicaba el hasta ahora más famoso de todos los usureros.

En buena hora aumenten las exportaciones, funcione mejor el sistema tributario y vuelvan al país los capitales emigrados, pero nada de ello sucederá sin que antes la Argentina asegure para sus habitantes niveles de vida más elevados, porque sólo así se reiniciarán la actividad productiva, el trabajo para todos y los modos de convivencia honesta propios de un pueblo desarrollado y en paz.

Suele escucharse, sin embargo, una interpretación según la cual, tanto la Iglesia como los Estados de naciones desarrolladas y organismos internacionales que han encarado la reducción de la deuda de algunos países especialmente empobrecidos, no se refieren ni siquiera tangencialmente a la Argentina. Desde luego que muchas comunidades nacionales han sido más duramente castigadas por la deuda y otros flagelos, cosa que no nos alivia de nuestros males. Pero es sugestivo comprobar que los perdones recaídos sobre esos pobrísimos deudores coinciden con el punto en que los pagos exigidos excedían ya los recursos disponibles, es decir, cuando ya no podían seguir pagando.

¿Pueden la Argentina y sus países hermanos de América Latina considerarse definitivamente a salvo de destino semejante cuando su deuda conjunta ha evolucionado en abierta contradicción con el principio jurídico y moral que establece relaciones racionales entre lo pagado y lo debido? Recordemos que la deuda externa de América Latina, constituida cuando la fiebre de los petrodólares, ascendía en su origen a 300.000 millones de dólares, pagados desde entonces por lo menos dos veces como consecuencia de los cambios unilaterales de tasas y de los anatocismos sobrevinientes, pese a lo cual en 1999 la deuda subsistía, pero hipertrofiada a un volumen de 750.000 millones de dólares.

Una pesada lápida amenaza caer sobre nosotros sepultando nuestro propósito y deber de constituir efectivamente una Nación libre, justa y soberana. Ya puede adivinarse la inscripción mortuoria: "Aquí yace la República Argentina. Vivió pagando, murió debiendo".

No corresponde a la Iglesia aportar las soluciones técnicas al problema de la deuda externa, pero sí recordar a políticos y economistas la obligación que les corresponde de dedicar sus esfuerzos a las cuestiones concretas que afectan a los pueblos. La deuda externa es causa de profundos sufrimientos humanos, intensificados a menudo por frustraciones personales, desintegración familiar y pérdida de los hábitos de trabajo, consecuencias muy unidas a la desocupación y a la subocupación prolongadas y a la carencia crónica de recursos. Dios bendiga las iniciativas que surjan en esta jornada, capaces de aportar orientaciones válidas, e ilumine también a los legisladores para que asuman plenamente el mandato patriótico y constitucional de adoptar decisiones fundamentales sobre la deuda pública. Con todo el respeto que merecen los Representantes del pueblo y de nuestras Provincias, les digo: Apuren las iniciativas que tienen a su consideración, elaboren fórmulas congruentes con la magnitud del problema, y háganlo pronto, conscientes de que no habrá paz ni amistad social duraderas mientras se desconozca la justicia y se olvide la caridad.