El aniversario de la declaración de nuestra independencia parece estar, por el momento, a salvo del olvido. Lo celebramos conmovidos por graves inquietudes que perturban el debido regocijo y excitan un sentimiento de nostalgia. No se advierte ya en las fiestas de julio la efusión de aquel hondo entusiasmo colectivo que caracterizaba a las conmemoraciones de antaño, como si el talante de reciedumbre cívica que corresponde exhibir en estos días se hubiera ido debilitando en el curso de la trayectoria vital de nuestro pueblo. Permanece el Te Deum, y esta plegaria tradicional de acción de gracias sobresale espontáneamente como el gesto central de la jornada. Venimos a implorar: «Descienda tu misericordia, Señor, sobre nosotros, como lo hemos esperado de ti»; y declinamos en plural el último versículo de este himno: «En ti esperamos, Señor, no quedemos defraudados para siempre».

Es oportuno recordar que once de los treinta y nueve representantes que firmaron el acta de nuestra independencia eran sacerdotes. Son bien conocidos sus nombres ilustres; todos ellos designan calles de la capital de la República, y sin embargo no es siempre notoria su condición sacerdotal: Fray Cayetano y el Dr. Antonio Sáenz; Acevedo y Colombres; Castro Barros y Miguel del Corro; Gallo y Uriarte; Aráoz y Thamés; Fray Justo Santa María de Oro. Habría que sumar otros dos congresales: Pacheco de Melo y Sánchez de Loria... Un historiador ha señalado que esta presencia de hombres de iglesia en el Congreso de Tucumán no se explica sólo porque integraban el sector más culto de la sociedad, sino porque muchos debieron ver en el sacerdote el último baluarte a donde refugiarse en horas de tanta indecisión y de tan evidentes peligros. Y concluye con este expresivo argumento: El clero, que, por razones ascéticas es optimista, extendió aquella mano misteriosa que llamamos esperanza.

Quisiéramos estar a la altura de aquellos varones patriotas para proclamar la esperanza de una Argentina posible. Quisiéramos contemplar reverdecido en todos los hijos de esta tierra el temple anímico que distingue al hombre que se nutre de esperanza: la fortaleza, la magnanimidad de quien se lanza al cumplimiento de una vocación, a la conquista de un destino apetecible; la valentía serena para afrontar las dificultades y los riesgos. Los cristianos recibimos el don de una esperanza más alta. Más allá de todas las cumbres deseables, aspiramos a alcanzar un bien divino: la posesión de Dios, la vida eterna. Pero así como el amor sobrenatural de caridad asume bajo su influjo, purifica y transfigura los legítimos afectos humanos, también la gracia de la esperanza teologal es capaz de comunicar lozanía al mustio plantío de nuestras esperanzas temporales. Apoyados en la omnipotencia misericordiosa del Señor, esperamos la realización presente y futura de la Argentina como un bien arduo y posible. Nosotros, que reconocemos no tener aquí abajo ciudad permanente y que buscamos la del cielo (cf. Hebreos 13, 14), amamos la existencia de esta patria carnal y anhelamos sea un reflejo anticipado de la eterna. Las fuentes de esta esperanza están en Dios y en nosotros; no se trata de sentarse a esperar, sino de lanzarse a la acción.

La declaración de la independencia significó en su momento una de esas decisiones trascendentales en que se da sentido a la vida arriesgándolo todo. El movimiento americano que propugnaba la autonomía había quedado reducido a la región del Río de la Plata y se veía amenazado por un nuevo orden internacional manifiestamente hostil. Nuestro Congreso de Tucumán asumió su sentido de responsabilidad en grado heroico. La independencia proclamada el 9 de julio de 1816 no se limitaba a los rioplatenses, sino que se extendía a todas "las Provincias Unidas en Sudamérica", clara demostración de que se encaraba una política internacional desbordante, cuyo alcance no podía reconocer todavía fronteras. Actitud muy distinta de la que hoy nos suele ser recomendada bajo el rótulo de globalización: el sacrificio de la soberanía nacional en tributo a un cosmopolitismo de signo puramente financiero. Lejos se encuentra esta propuesta de un auténtico orden internacional basado en el derecho y la justicia, un mundo de patrias donde cada parte concurra con sus valores específicos a formar un bien universal común. Es, por otro lado, el criterio que aplican los países centrales, los cuales, como sabemos, no abdican de sus intereses nacionales ni hacen ofrenda de sus políticas de Estado en homenaje a globalización ninguna.

Tal es la enseñanza provechosa que puede impartirnos la actual coyuntura internacional. Para darle debida aplicación no bastan, empero, las buenas intenciones. Será preciso también revivir el espíritu de patriotismo militante que evocamos en esta fecha. Lamentablemente, mientras se desarrollan ceremonias como ésta en que participamos, por todo el territorio argentino cunden un desaliento y una sensación de peligro que algunos reducen al cómputo del "riesgo país". En verdad, lo que debe angustiarnos es la certeza de que el nuestro es un "país en riesgo", en riesgo de disolverse en el nuevo desorden global y en la miseria espiritual y material, de quedar sin independencia ni bien común.

Lo que está en peligro es la obra consumada el 9 de julio de 1816, y esta circunstancia es oportuna para recordar que en aquella fecha se resolvió un conflicto que desde seis años antes corroía a nuestra sociedad política: la contradicción entre la autoridad formal y la autoridad efectiva. En rigor, la autoridad es un fenómeno político en el cual el gobernante ejerce el poder en razón de que los gobernados le reconocen virtud y eficacia para ello. Desde 1810 se gobernaba formalmente en nombre de un Rey que luego de retornar al trono exhibía completa indiferencia por sus súbditos americanos, salvo para reclamarles una obediencia ciega que las circunstancias habían vuelto imposible. Creía el monarca que la mera ostentación de sus títulos formales al mando político equivalía a la posesión de esa autoridad hecha de virtud y de eficacia que los súbditos -lo hemos dicho- deben observar para conceder su obediencia.

Por su parte, los nuevos gobiernos patrios desconfiaban de sí mismos en cuanto a la legitimidad de sus títulos, pero la gestión cotidiana de los intereses colectivos les fue convenciendo de que la autoridad sólo formal del Rey no era, en el fondo, autoridad. De manera ordenada, con asambleas y congresos, y también entre violencias y tumultos, la cuestión se resolvió aquel 9 de julio al ponerse fin a la ambigüedad con la declaración de la independencia, que reunía las formas y la sustancia de la autoridad en la naciente soberanía de las Provincias Unidas en Sudamérica.

También existían entonces amenazas interiores para la integridad del nuevo Estado, que perdieron mucho de su peligrosidad con el acto de la independencia. Y a nosotros nos afligen asimismo situaciones que contienen causas de posible disgregación nacional. Algunas de ellas, es verdad, vienen desde afuera, montadas en la globalización, réplica contrahecha del orden internacional. Por ceder frívolamente a ella, se han intensificado en el país gravísimos problemas de desempleo, pobreza e inseguridad. Los mismos han alcanzado ya niveles que resultan insoportables para quienes los padecen, y, cuando alcanzan a sobrellevarlos, les hacen experimentar un amargo sentimiento de injusticia. Es relativamente extraño que en semejante clima social las reacciones de protesta no hayan resultado más violentas aún que las producidas en las pasadas semanas. Pero la prolongada paciencia e impotencia de tantos sectores sociales castigados no garantizan la continuidad tranquila de la situación actual. Cuando el poder político ha dejado de identificarse ante los gobernados con la autoridad efectiva, queda despojado moralmente de los atributos del mando y se presentan las crisis de legitimidad, con las consiguientes oportunidades para que las protestas justificadas sean instrumentadas por quienes no son sus auténticos protagonistas, y se tornen así en desórdenes catastróficos.

En este 9 de julio, como en el de 1816, se trata de proclamar la esperanza de una Argentina posible, de reconocer con unánime convicción y sentimiento que el nuestro es un país viable, pero que no lo es como un hecho de la naturaleza, sino en cuanto permanencia de un acto de decisión virtuoso, activo, poderoso para obrar, de todos sus ciudadanos, especialmente de sus gobernantes. Éstos deben aceptar con humildad que la sola autoridad formal de sus cargos y del ordenamiento legal que se los atribuye no es suficiente para la responsabilidad que pesa sobre ellos. Les corresponde restituir autoridad a su poder, demostrar con sus acciones lo que en sus palabras sobreabunda, asumir riesgos propios del que manda.

Dios no es argentino, como tantas veces se ha dicho con picardía injuriosa o para cubrir nuestra indolencia. Es el Creador todopoderoso y Padre de todos los pueblos, que nos ha colmado de ingentes beneficios y que se manifiesta en los peligros como la roca firme de nuestra esperanza. La apacible exaltación que proporciona la esperanza nos anima a recoger las enseñanzas de la historia para corregir las deficiencias del presente. Que no sea este 9 de julio una formalidad de protocolo, sino una llamada vibrante a las conciencias de todos los argentinos. Porque todos tenemos la posibilidad y la obligación, en nuestro empeño cotidiano, de asegurar el rumbo de la Patria. Ése es el servicio leal y generoso que nuestra piedad le debe.

 
Este documento fue publicado como suplemento
del Boletín Semanal AICA Nº 2328 del 1 de agosto de 2001