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la defensa de la vida y
la responsabilidad cívica
Declaración de monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la
Vera Cruz, en defensa de la
vida y en rechazo del aborto
(19
de
octubre
de
2005)
La defensa de la vida y el
rechazo del aborto es una exigencia que compromete y determina el
nivel moral de una comunidad. La vida naciente como valor que se funda
en un derecho inalienable, es un límite moral y jurídico que se
convierte en un principio constitutivo de la sociedad civil y de su
legislación. La vida naciente es una realidad objetiva que nos habla
con su propio lenguaje, al que debemos saber escuchar en su dignidad
única e irrepetible. Ella nos diría: mi existencia ya no depende de tu
decisión o libertad, sino que necesita y espera de tu cuidado. El
aborto es un signo de debilidad cultural, de retroceso moral y de
claudicación política. Para el cristiano, además, esta actitud ante la
vida es una expresión que compromete la identidad de su fe y hace, por
lo mismo, al compromiso social y político que debe asumir por el bien
y salud espiritual de la Patria.
En este contexto de
responsabilidad cívica al que estamos convocados, tanto ciudadanos
como dirigentes políticos , quiero recordar los principios y algunas
definiciones del magisterio de la Iglesia referidas al tema de la vida
y a la consiguiente responsabilidad jurídica y social frente al
aborto.
"Los derechos inalienables deben
ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la
autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni
a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la
sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son
inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha
originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a
este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la
integridad física desde la concepción hasta la muerte". (...) "Cuando
una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la
protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la
igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al
servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quién
es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de
derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su
misma concepción, a quién debe nacer, exige que la ley prevea
sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus
derechos". (Catecismo de la Iglesia Católica n° 2273).
Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de
la Vera Cruz
19 de
octubre de 2005
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