ANTE LA SITUACIÓN DEL PAÍS Y DE LA PROVINCIA:
¿QUÉ DICE LA IGLESIA?

Mensaje del Administrador Apostólico de Resistencia, monseñor Carmelo Juan Giaquinta, en el Tedéum del 9 de Julio de 2005, en la Catedral de Resistencia.

Ante situaciones conflictivas como la actual, es frecuente que la gente pregunte: “¿Y qué dice la Iglesia?” “¿Cómo? ¿No dice nada?” Todo el mundo entiende que se pregunta por la Iglesia oficial, y, en particular, por el Obispo local o por el Episcopado en pleno.

No me corresponde justificar la enseñanza social que brindo. Porque cuando la confusión es grande, uno nunca puede decir que enseña lo suficiente. Posiblemente siempre habrá déficit de enseñanza social. Pero siempre se pueden encontrar nuevos caminos para brindarla.

A tal fin, se me ocurrió que podría ser útil en este 9 de Julio, ofrecer una síntesis de lo enseñado tantas veces. Una especie de Catecismo Social, útil para esta circunstancia, y para otras, que ojalá no se repitiesen, pero que desde hace tiempo se vienen dando, y podemos prever que se seguirán dando. Procuraré hacerlo desde el ángulo adecuado. Ni desde la cercanía inmediata a los acontecimientos que sean como el árbol que tapa al monte. Ni desde una perspectiva tan lejana que no sirva para iluminar la realidad que transitamos. Lo haré en forma de enunciados, que formen una unidad conceptual.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA RECONSTRUIR LA REPÚBLICA

La persona humana, su dignidad y derechos fundamentales

1. El ser humano, por ser tal, es el centro y cima de todos los bienes de la tierra, y estos deben ordenarse a él.

Esto que vale de todos los hombres en conjunto, vale de cada uno en particular, por pequeño que fuere, y cualquiera sea la causa de su pequeñez (salud, dinero, cultura, conducta moral, ubicación social, etc.).

Por lo mismo, los bienes de la tierra están destinados primariamente a todos y a cada uno de los seres humanos, para que éstos puedan gozar de sus derechos fundamentales y desarrollarse plenamente.

La fe cristiana nos revela que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual es la fuente más profunda de su dignidad y raíz de sus derechos fundamentales (vida, trabajo, familia, educación, salud, vestido, vivienda, libertad).

Tales derechos son irrenunciables, y son anteriores y superiores a los derechos adquiridos. No es admisible que unos gocen de derechos secundarios adquiridos por medio de leyes o privilegios, mientras que otros no puedan gozar de los derechos esenciales que les da la misma naturaleza.

Todo derecho conlleva la correspondiente obligación. No hay derecho sin obligación. Un conjunto humano que se basare exclusivamente en la exigencia de derechos estaría condenado al fracaso.

El hombre, al cuidado de la creación y al servicio de la sociedad por medio del trabajo

2. El hombre está dotado por Dios Creador de inteligencia, voluntad, dos brazos, sentido solidario y tierra bajo sus pies. Por lo mismo, no es un ser inútil, sino capacitado por la naturaleza para proveer a su propio sustento y el de sus seres queridos por medio del trabajo. Éste es uno de los primeros derechos y obligaciones del hombre, y es su manera de cuidar la creación y de servir a la sociedad.

El hombre, ser social o “político”

3. El hombre es, por su naturaleza, varón o mujer, ordenado recíprocamente el uno al otro. Por lo mismo, es un ser social, llamado a constituirse en familia, a asociarse con otras familias (tribu), y a formar así una sociedad “política” o “ciudadana”, que garantice el desarrollo de la persona, de la familia y del conjunto de las mismas.

Por tanto, con anterioridad a toda organización política, y cualquiera sea el tipo de gobierno que el hombre se dé, éste es por naturaleza “un ser político”; es decir, destinado a procurar el bien común, y no puede renunciar a esta vocación sin perjuicio de su propia dignidad.

El estado al servicio del hombre

4. El estado es el instrumento que crean los hombres asociados para la defensa y cultivo de sus derechos fundamentales (personales, familiares y sociales).

El estado le debe respeto a cada uno de los ciudadanos y grupos sociales que lo componen, y cada uno de ellos le debe respeto a él. Éste tiene obligaciones que cumplir con los ciudadanos, y éstos a su vez tienen obligaciones que cumplir con él.

En el cumplimiento de las obligaciones respectivas estriba la garantía de los derechos fundamentales, de la paz social y del progreso de una nación.

El estado no puede, por tanto, ser omnipresente, una especie de dios que invada la vida de los hombres y los libere de sus responsabilidades. Tampoco puede estar ausente y desentenderse de los débiles. Mucho menos puede reducirse a ser gendarme de los intereses de los poderosos.

La autoridad

5. Lo mismo que la familia y la tribu, el estado necesita de una autoridad. Ésta, por definición, está destinada a hacer crecer al conjunto de la sociedad y a cada uno de sus integrantes. Es decir, al logro de su pleno desarrollo. (“Auctoritas” viene de “augere” = hacer crecer).

Si bien la fe cristiana reconoce que toda autoridad, incluida la pública, viene de Dios que es el único verdadero Padre, no por ello diviniza la autoridad de nadie, ni canoniza ningún método para investir a la autoridad pública.

Igualmente, reconoce que toda investidura de la autoridad pública necesita de algún tipo de aceptación y control por parte del pueblo, so pena de que ésta se convierta en tiranía o dictadura. Por lo cual, todo gobierno auténtico, de cualquier tipo que sea (monarquía o república), tiene siempre una profunda raíz “democrática”.

El desarrollo pleno de una comunidad política exige que la autoridad se preocupe muy especialmente de los que, por cualquier razón, se los tiende a excluir (niños, ancianos, enfermos, pobres, presos, minorías).

La autoridad más que “honor” es “onus” (peso, obligación), y por ello debe ser ejercida con prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entre todas estas virtudes cardinales se destaca la prudencia, que es la sabiduría práctica para gobernar a las personas, resolver las situaciones críticas y orientar al conjunto social hacia el bien común.

La autoridad pública lo es en todo el ámbito para el que es elegida o nombrada, y para todos los ciudadanos que están en él. En cuanto autoridad, está por encima del partido desde el cual pudo haber surgido, y les debe respeto a todos los ciudadanos y sectores. El favoritismo es un grave atentado que la autoridad se inflige a sí misma y a la sociedad.

La sociedad debe darle a la autoridad pública los medios necesarios para su ejercicio, y ésta debe administrarlos con honestidad.

La ley

6. La autoridad del Estado procura el bien de la sociedad mediante la ley. Ésta ha de ser sancionada atendiendo al bien común. Es decir, mirando a los derechos fundamentales del ser humano, procurando conocer la verdad de las cosas y reconociendo las posibilidades reales del pueblo para el que se legisla.

Salvo que la ley atente contra un derecho fundamental, debe ser respetada.

La objeción de conciencia es un ejercicio de la libertad religiosa, que es el derecho más fundamental de todos, al cual el hombre puede sacrificar incluso el derecho a su vida.

Justicia y equidad

7. El fruto del ejercicio de la autoridad es la justicia. Gracias a ésta se le da a cada uno lo que le corresponde.

Dada la complejidad de las situaciones y la desigualdad que tiende a instalarse en la sociedad y a disgregarla, la justicia debe ser moderada por la equidad. Esta tiende a que entre los ciudadanos y clases sociales haya cercanía y no distancia odiosa. Y, por tanto, hace que la justicia sea más plena.

La república

8. “Re-publica”, palabra latina compuesta: “res” = cosa; publica = las instituciones y propiedades de todos. Es una forma superior de organización de la sociedad política, en la que los ciudadanos reconocen el valor de la cosa pública, la construyen con su esfuerzo, la cuidan y defienden como cosa propia. A tal fin fomentan la participación activa de los ciudadanos e instalan en ella un tipo de autoridad que se autocontrole mediante la división de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

El desconocimiento de lo público es una de las hipotecas más onerosas de la cultura política argentina. “Lo público” es considerado comúnmente como “lo que es de nadie”, en vez de ser visto como “lo que es de todos”.

Para superar esta falsa visión se necesita de una educación profundamente renovada, basada no tanto en la trasmisión de conocimientos (que hoy se adquieren por Internet), sino en actitudes y comportamientos propios de la moral social. La Iglesia puede colaborar mucho a ello asumiendo en su catequesis el aprecio por tales comportamientos.

La democracia

9. Es una cultura política evolucionada. Es el mejor clima para que crezca la república. Pone el acento en el pueblo (“démos”) para promover la participación del mismo en la búsqueda del bien común y para generar la autoridad.

Supone un alto grado de moralidad y de responsabilidad política en todos y cada uno de los ciudadanos.

Lo más contrario a una democracia es la masa gregaria conducida por un “Duce” o un “Führer”; dicho en criollo, por Caudillos.

La democracia concebida como el modo de hacer lo que a uno se le ocurre al margen o contra el bien común es una concepción degradada de democracia.

Los partidos políticos

10. Son instituciones que canalizan la opinión de los ciudadanos y los alientan a participar en la vida de la república, a la vez que fomentan en ellos la cultura democrática. Están llamados a ser escuelas de alta política.

Sin embargo, a causa de la puja partidaria, sufren la tentación de olvidar que representan sólo a una “parte” y no a la totalidad de la ciudadanía, y por tanto de volverse hegemónicos, de generar formas sectarias de actuar (p. e. clientelismo), e incluso llegar a ser totalitarias. Por ello los partidos políticos han de someterse permanentemente a una sincera crítica hecha por los propios partidarios y por la opinión pública.

Dignidad de la vocación política

11. La vocación política específica por la que un hombre, varón o mujer, dedica su vida a ser político de profesión, es decir a construir las relaciones en la “pólis”: es la vocación temporal más necesaria y excelsa. Y ello, porque a la vez que edifica la ciudad, facilita todas las demás vocaciones: familiar, profesional, empresarial, laboral, científica, artística; incluso, la misma vocación religiosa, pues ésta florece más fácilmente en tiempos de concordia social.

El político de profesión, que tiene un cargo en el gobierno, está dedicado a él en virtud de su elección o nombramiento, y no puede descuidar la tarea ordinaria por atender situaciones extraordinarias (campañas electorales, confección de listas). Como todo padre o madre de familia que se sacrifican por ella, él también en tiempos extraordinarios ha de hacer un esfuerzo extra y realizar una cosa y la otra.

Cuanto más excelsa es una vocación, mayor es el descrédito en el que se cae cuando sus integrantes cometen abusos o no reaccionan ante los abusos habituales de sus colegas. Sucede con todas las vocaciones, también con la religiosa. Los políticos argentinos, incluidos los partidos, han de examinarse por qué es tan grande su descrédito. El clamor “que se vayan todos” y la incapacidad para canalizar los reclamos populares, que hoy son encauzados al margen de ellos con serio peligro de la paz social, los ha de llevar a examinar sus causas. Éstas son de orden institucional (falta de reforma política), de orden moral (corrupción, clientelismo), y con frecuencia una gran chatura intelectual y el recurso frecuente a formas anacrónicas de demagogia.

Los sindicatos

12. Su razón de ser consiste en el derecho de los trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los empleados en las diversas profesiones. Son un factor constructivo del orden social y de la solidaridad y, por ello, un elemento indispensable de la vida social. Sus miembros pueden adherir libremente a cualquier partido político, pero los sindicatos no lo son.

Las relaciones en el mundo del trabajo se han de caracterizar por la colaboración. El odio, la lucha por eliminar al otro, la pelea de pobres contra pobres, el corte de rutas y puentes impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos: constituyen métodos absolutamente inaceptables.

Al sindicato, además de la función de defensa y de reivindicación, le competen las funciones de representación, dirigida a la recta ordenación de la vida económica, y de educación de la conciencia social de los trabajadores, de manera que se sientan parte activa, según las capacidades de cada uno, en toda la obra del desarrollo económico y social, y en la construcción del bien común universal.

Llama dolorosamente la atención la indefensión en que algunos sindicatos dejaron a sus representados en ocasiones difíciles; por ejemplo, en la dictadura militar y en tiempos del último liberalismo salvaje.

Los trabajadores sindicalizados eligen a sus representantes con responsabilidad, confían en ellos, pero no se entregan a ciegas a los mismos, y los someten a una sana y permanente crítica. Ante las determinaciones que juzguen contrarias al bien común tienen la obligación de desacatarlas, pues no les cabe una conducta similar a la “obediencia debida”.

El derecho de huelga

13. La Iglesia reconoce su legitimidad cuando constituye un recurso inevitable, e incluso necesario para obtener un beneficio proporcionado, después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos.

La huelga, aun cuando aparezca como una especie de ultimátum, debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias, o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo, o son contrarios al bien común.

Es contrario a dicho bien impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de terceros, en especial de los pequeños y débiles: ancianos, enfermos, niños en edad escolar. Con mayor razón si se los atropellase directamente.

Necesidad del Diálogo político

14. No se trata de una discusión conceptual sobre la política. Ni tampoco es una tertulia de amigos sobre ella. Es el alma de la república. Toda la vida de ésta se podría expresar en términos de diálogo político: el accionar de los partidos, la confección de las leyes, la ejecución de las mismas, la administración de justicia.

Pero a veces las situaciones se embrollan y se acude entonces a lo que con frecuencia se llama en la Argentina “Mesa del Diálogo”, u otros nombres similares.

El lugar ordinario para la solución de los conflictos es la Justicia. El del diálogo interpartidario es la Cámara de Representantes. Para fomentar el diálogo con otros entes representativos de sectores varios, suele haber previstos entes ad hoc, por ejemplo el Consejo Económico Social.

Otra hipoteca de la cultura política argentina es que, con frecuencia, se confunde Diálogo con reclamo, exigencia, exponer con dureza la falta de voluntad a ceder en algo así se vea que es imposible acceder a la propuesta sin poner en peligro al conjunto social.

Siempre, y sobre todo frente a este tipo de situaciones, a la Iglesia como institución le corresponde catequizar sobre la necesidad del Diálogo político y la obligación de los ciudadanos e instituciones civiles de acudir a él en forma permanente, a pesar de los reiterados fracasos que el mismo pudiere sufrir. Igualmente, ha de exhortar a cultivar las actitudes espirituales que faciliten el Diálogo. Y denunciar las actitudes equivocadas que lo hacen imposible.

No le corresponde intervenir directamente en el mismo Diálogo Político, ni tampoco convocarlo, salvo en forma extraordinaria, cuando estuviese en serio peligro la paz social y hubiese unanimidad entre las partes adversas para que la Iglesia así lo haga.

En la Argentina existe una larga tradición de acudir a la Iglesia para pedir “la mediación” en los conflictos, al menos desde la larga huelga de los ferrocarriles en 1961 (?), que se levantó gracias a la intervención del Cardenal Caggiano. Pero no siempre se sabe bien lo que se le pide a la Iglesia, ni se conoce la capacidad que ella tenga para hacerlo. A veces sólo se le quiere pedir una escucha, un consejo, una presencia, buenos oficios. Pero casi nunca se entiende lo que es la mediación, ni tampoco se estaría dispuesto a aceptar su veredicto.

En una República madura, o que se quiere que madure, no se debe acudir con ligereza a la mediación de la Iglesia oficial. Y  ni siquiera a sus buenos oficios.

El papel del laico en los conflictos del mundo

15. Los laicos deben asumir como su tarea propia la renovación del orden temporal. Si la función de la jerarquía es la de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que seguir en el campo de lo temporal, a los laicos les pertenece penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y la estructuras de su comunidad de vida. Y ello mediante sus iniciativas propias, y sin esperar pasivamente consignas y directrices de la jerarquía.

Por lo mismo, en situaciones conflictivas como la presente, conviene que cada vez más los laicos asuman su papel, con la libertad que les cabe y sin arrogarse la representación de toda la Iglesia. Y ello, tanto los que están envueltos directamente en el conflicto, como también los otros.

El papel del pueblo honrado y trabajador

16. Muchos cristianos, varones y mujeres, sin mayor cultura religiosa, pero movidos por un instinto sobrenatural que brota de la fe, ponen el hombro todos los días en la construcción de la República. Y buscan caminos nuevos para sus justos reclamos sociales, distintos de los ya conocidos que hieren a terceros. Son, como se los llama, el pueblo honrado y trabajador. No necesitan de largas explicaciones para entender que, en medio de los conflictos más severos, son intangibles los ancianos, los enfermos y los niños. Gracias a ellos la República se regenera permanentemente de sus heridas. Son más valiosos que cualquier institución. Sin ellos la República correría el peligro de dejar de existir. La comunidad cristiana debe atenderlos muy especialmente, con su oración y su consejo, facilitándoles realizar un diálogo desapasionado, y ayudándoles a profundizar el camino emprendido: insistir pacíficamente en que se les haga justicia, no herir a terceros indefensos, continuar trabajando por la familia y por la sociedad.

Mons. Carmelo Giaquinta, administrador apostólico de Resistencia