EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS ARGENTINOS,
Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA

Mensaje del obispo de San Luis, Mons. Jorge Luis Lona
10 de marzo de 2003

1. Un derecho humano fundamental, en peligro.

Es el derecho de los padres a la libre elección de la educación para sus hijos. Lo aseguran la Constitución Nacional y la Constitución de San Luis. Para llevarlo a la práctica, se ha legislado a nivel nacional y a nivel provincial, sobre el régimen de la enseñanza pública de gestión privada.

Pero hoy, ese derecho humano fundamental está en peligro. La acción hábilmente orquestada de un sector del gremialismo educativo, y de un sector de la dirigencia política, amenazan con excluir del ejercicio de ese derecho a todos los argentinos empobrecidos, perjudicando al mismo tiempo a los docentes privados.

2. La población de menores recursos, ¿tiene derecho a elegir libremente la educación para sus hijos?

Esta pregunta tiene mucho peso en la Argentina de hoy, donde el 57,5 % de la población, casi 21 millones de personas, vive en la pobreza. Si de ese total se considerara sólo a los niños y a los jóvenes -la gran mayoría de los educandos- el porcentaje de pobres se eleva al 70,3 %. En esa gran mayoría -según la educación que reciba- se definirá el futuro de la patria. Y aquí, repetimos la pregunta: ¿esos pobres, ellos y sus padres, tienen derecho a elegir? ¿Existe para ellos el derecho a la libertad de enseñanza? ¿0 es un derecho que sólo pueden ejercer los más pudientes?

Según la Constitución Nacional, y también, según la Constitución de la Provincia de San Luis, categóricamente TODOS los ciudadanos tienen ese derecho. Lo exige el bien común, que debe ser la norma de toda verdadera república y toda verdadera democracia.  Los derechos humanos son para todos, no para algunos.

3. La libertad de enseñanza en la Ley de Educación Pública de Gestión Privada, en San Luis.

El precepto constitucional se refleja lógicamente en las leyes. Tanto en la Ley Federal de Educación, que rige para toda la Nación, como en la Ley de Educación Pública de Gestión Privada de la Provincia de San Luis, N° 5253/01. En esta última, se garantiza que la Educación de Gestión Privada pueda estar abierta a todos, y no tener fines de lucro. Ello sucede a través de un Aporte Estatal Subsidiario Básico, destinado a cubrir el costo de la Planta de Personal. De los restantes costos educativos se hacen cargo los padres a través de un Aporte Complementario o Arancel. Y para aquellos padres que demuestren carecer de recursos para pagar dicho Arancel, el Estado Provincial se compromete a realizar un Aporte Estatal Subsidiario de Equidad, de Bono Educativo, para que el sector más carenciado no quede privado de su derecho a la libertad de enseñanza. En San Luis, la respuesta legal al problema de un discriminatorio “elitismo” educativo, es completamente satisfactoria. Hace posible una Educación Publica de Gestión Privada para todos, sin discriminación injusta según los recursos económicos.

Esa es la teoría, pero lamentablemente NO ES HOY LA REALIDAD. Y esa distancia entre la teoría y la realidad se ha vuelto tan grande, que la mayor parte de la Enseñanza Publica de Gestión Privada –y entre ella la enseñanza católica– se halla hoy en riesgo de desaparecer.

4. El empobrecimiento argentino: empobrecimiento de los educadores y empobrecimiento de las familias de los educandos.

Es enteramente justo que el Gobierno Nacional y Provincial se propongan mejorar la situación económica de los trabajadores del sector privado, y entre ellos, la de los educadores. Pero es completamente absurdo que los que deban aportar los fondos necesarios para esa mejora económica de los educadores, sean los padres de los educandos, tan empobrecidos como los mismos educadores, y cuando están desempleados, mucho más.

Absurdo e imposible, y por lo tanto, si se intentara llevar a la práctica por la vía de la coacción legal, conduciría a la desaparición de la mayoría de los colegios de enseñanza privada. Se salvaría solamente una minoría de colegios, correspondiente a las familias de más altos recursos, que si podrían hacerse cargo del aumento salarial aumentando proporcionalmente los aranceles. Esto ha sido reconocido por estudios de organismos oficiales, como la Secretaria de Defensa del Consumidor. (“Clarín”, 9-2-2003, pg.16 Ec)

Caeríamos así en la mas injusta discriminación educativa: del derecho a la libertad de enseñanza quedarían excluidas todas las familias empobrecidas, y solo podrían ejercerlo la familias de mayores ingresos. Seria una aberración inconstitucional, pero a eso, por desgracia, nos están acostumbrando nuestros dirigentes...

5. La responsabilidad de esta crisis

Recae, en su origen y en su instrumentación propagandística, en cierta dirigencia gremial  que se obstina en presentar a los responsables de la enseñanza privada como a una patronal que tuviera los recursos de una industria extractiva -como si fuera Repsol/YPF- y que por puro capricho avariento se resistiera a aumentarle el sueldo a sus empleados.

Y no actúan así por un error involuntario. Saben perfectamente que la gran mayoría de los colegios de enseñanza privada no tienen fines de lucro, y menos aún pueden tenerlos en la actual situación. Son instituciones de motivación  religiosa, o de  vocación educativa no confesional. La Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada –COORDIEP– reúne al Consejo Superior de Educación Católica, al consejo de Educación Cristiana Evangélica, al Consejo Central de Educación Judía, y a veintisiete organizaciones no confesionales de base nacional y provincial. No extraen petróleo. Brindan un servicio educativo, de costos crecientes, a familias de recursos decrecientes.

La dirigencia gremial a que aludimos está representada por el sindicato SADOP, que deliberadamente se ha propuesto imponer acciones legales contra los colegios privados, oponiendo los derechos de los educadores a los derechos de los educandos y de sus padres. Parece como si se propusieran alcanzar, en definitiva, el remate de los bienes físicos de los colegios, consecuencia jurídica final de la incapacidad de pago de los aumentos requeridos.

Con esta maniobra, traicionan también los verdaderos derechos de los docentes. Aún adquiriendo la posesión legal de los bienes físicos de los colegios, y tratando de gestionarlos directamente, o presumiblemente a través de SADOP, ¿ en que acabaría esta maniobra expropiatoria? En que los usuarios del servicio educativo seguirían siendo las mismas familias empobrecidas, totalmente incapaces de solventar los aumentos impuestos “legalmente”. Y el caos resultante producirla el cese del servicio, y la pérdida de la fuente de trabajo, en la mayor parte de los casos.

6. La responsabilidad de la dirigencia política

Es la mayor de todas. Tanto en el orden nacional como en el provincial, está involucrado el Poder Ejecutivo a través de sus áreas de Trabajo y Educación. Hasta ahora, toda esta dirigencia política parece apoyar la estrategia de SADOP.

Parecen no darse cuenta de que si el proceso continúa hasta su final destructivo, la propia educación publica de gestión estatal se verá severamente dañada. Una muy importante masa de alumnos de la gestión privada pasará a la estatal, que no tiene capacidad para recibirlos. Y el costo por alumno será considerablemente mayor.

7. La solución no pasa por la destrucción, sino por la justicia

De caos y destrucción, ya estamos cansados los argentinos. Esperamos de nuestra dirigencia  política, presente y futura, un proyecto realizable de orden y justicia.

¿Que pueden ofrecer, los responsables de la educación publica de gestión privada en la búsqueda y logro de ese proyecto?

Ante todo, aquí en San Luis y creemos que en toda la Argentina: la transparencia de la gestión. No tenemos ganancias –ni licitas ni ilícitas– que ocultar. En las actuales circunstancias, más que nunca, nuestros docentes y nuestros padres de familia tienen derecho a esa transparencia. A saber cuales son los ingresos y los gastos, y como va sobreviviendo el colegio cada día.

En segundo lugar, nuestra amistosa mediación entre los miembros de la misma comunidad educativa, padres y docentes, para que se crezca en la solidaridad entre todos. Para que no nos dejemos someter a enfrentamientos por intereses que nos son ajenos.

En tercer lugar, al gremialismo docente y a la dirigencia política, el renovado ofrecimiento de un dialogo sincero y objetivo, realista. Tenemos la experiencia de haber sido manipulados con falsos diálogos. No queremos repetirla.

A la dirigencia política, le decimos que si creen que la libertad de enseñanza en la educación pública de gestión privada debe desaparecer, tengan el coraje de decirlo. Pero que asuman las consecuencias: estarán eligiendo el monopolio estatista, en contra de la libertad.

Y a nuestros padres de familia empobrecidos, que se unan a nosotros para exigir justicia. La experiencia nueva del Aporte Estatal de Equidad, el Bono Educativo, no debe desaparecer sino incrementarse en la medida de las necesidades. No es una dádiva, porque son padres que cada vez que pagan el IVA, aportan al presupuesto de la educación publica.

Así, haciendo justicia con los padres, se realizaría de veras la libertad de enseñanza para todos, y se podría hacer justicia con los docentes.

San Luis, 10 de marzo del 2003

Mons. Jorge Luis Lona, obispo de San Luis