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SITUACIÓN DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS
Cuando la familia de un niño o un adolescente no logra cumplir su misión natural de amparo y guía, el menor queda en situación de riesgo y la comunidad debe protegerlo, a través de los poderes del Estado. Es responsabilidad conjunta del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y esa protección abarca distintas posibilidades. Lo mejor, cuando es posible, es ayudar a la recuperación del vínculo familiar perdido, actuando sobre todos sus integrantes. Es una tarea que puede ser larga, y a veces muy difícil. Se puede hacer con el apoyo de una familia adoptiva, sustituta rentada, o solidaria rentada o no. O se puede hacer con institutos especializados. Las mencionadas familias, con aptitud para esa delicada obra de recuperación humana, no abundan. Los institutos u hogares estatales, presentan una grave dificultad: se convierten en órganos burocráticos y pueden tener efectos destructivos sobre quienes deberían proteger. Esa desgracia sucedió en San Luis, como lo registran la memoria del pueblo y los informes oficiales. Citamos un ejemplo: “La Colonia Hogar en el año 1984 era un centro que había tenido grandes momentos en sus treinta y tantos años de funcionamiento, pero que en esos años había entrado en un estado crónico y terminal: su personal sin guía y sin formación para lo que venían realizando. Los menores en un completo abandono, sin sistema de vida, sin valores a los que arrimarse, sin otro interés que el vicio y la destrucción. Menores que al acabar su ciclo cronológico dentro de la Colonia Hogar pasaban a la Penitenciaría Provincial”. Pero entonces, hace veinte años, el Gobierno de San Luis resolvió lúcidamente ese problema recurriendo a un valor propio de nuestro pueblo: la religiosidad católica. Confió esos institutos a Congregaciones Religiosas Católicas. A partir de allí, la situación cambió totalmente, y su obra ha sido legítimo motivo de orgullo para la Provincia y sus gobernantes. Un reciente Ministro de Acción Social llegó a decir que “su funcionamiento era perfecto”. El Diagnóstico efectuado en el año 2001 sobre los organismos del Gobierno les fue enteramente favorable. En la discusión del año 2003 sobre la Ley de Familias Solidarias, tanto los miembros del Poder Legislativo como los del Poder Judicial que opinaron sobre su desempeño, lo hicieron de modo elogioso y sin señalar ningún defecto.
A fines de 2001, siendo aún Jefe de Gabinete el actual Gobernador de la Provincia, los Institutos a cargo de las Congregaciones Religiosas Católicas empezaron a enfrentar un ataque indirecto. Fueron intervenidos, sin ninguna acusación contra las Congregaciones, invocándose como causal de la medida “la necesidad de implementar una política de niñez y adolescencia que responda a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. Estos principios –asumidos por la Argentina por Ley Nacional del año 1990, y con rango Constitucional desde la reforma de 1994– ya eran puestos en práctica desde esas fechas en los Institutos de San Luis. En realidad, lo que se trató de demostrar, infructuosamente, fue que los institutos a cargo de las Congregaciones Religiosas Católicas eran incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño. La maniobra indirecta no pudo ejecutarse. Así pasó el año 2002, y a mediados del 2003 se produce el segundo ataque indirecto. A poco de asumir el actual Gobernador de la Provincia, el Poder Ejecutivo envía a la Legislatura un proyecto de Ley en el que se acusa a los Institutos de “atentar contra los derechos humanos”, al no permitir a los niños y adolescentes “convivir dentro del ámbito de una familia”. De nuevo, no hay ninguna acusación directa contra las Congregaciones Religiosas Católicas. El ataque es indirecto: según el proyecto de Ley deben desaparecer los Institutos. (Con ellos, obviamente, deberían desaparecer también las Congregaciones). El proyecto fue minuciosamente analizado en la Legislatura, con la participación de expertos, miembros del Poder Judicial, y de las Congregaciones. No hubo objeciones contra su labor, y el texto definitivo de la Ley de Familias Solidarias permitió la continuidad de los Institutos. La maniobra indirecta tampoco alcanzó su objetivo.
El ataque directo acaba de ser ejecutado. Por Resolución Nº3 del Ministerio de Cultura del Trabajo, de fecha 19-01-2004, se han rescindido los Convenios que confiaban a tres Congregaciones Religiosas Católicas, la guardia y protección de los niños y adolescentes en riesgo de San Luis. Cuando hablamos de difamación, lo hacemos con el sentido exacto que le da a ese término el Diccionario de la Lengua Española: “Desacreditar a alguien, publicando cosas contra su buena opinión y fama”. Eso está sucediendo en estos días. Lamentablemente, la difamación como instrumento de la acción política es un método arraigado en San Luis. Dada la concentración del poder mediático, el difamado puede verse en una situación de relativa indefensión. Pero aún con modestos medios, siempre podremos dar el testimonio de la verdad, que en definitiva es invencible. En forma totalmente contradictoria, el ataque difamatorio contra las Congregaciones Religiosas Católicas, pretende basarse en uno de sus grandes méritos. Esas Congregaciones no son organismos burocráticos. Son Familias Religiosas llenas de amor que se preocupan especialmente por los lazos familiares del niño. No quieren aislarlo de ninguno de sus afectos y por el contrario, procuran salvar y reforzar todos los vínculos de familia que sean recuperables para el bien del niño y del adolescente. Dentro de ese propósito se encuadran las visitas, encuentros y períodos de convivencia familiar que se proyectan cada año, bajo la supervisión de los jueces encargados de disponer sobre la custodia del menor. No es una tarea fácil. Hacen falta muchos años de experiencia y dedicación para realizarla. Ningún burócrata lo haría. Lo absurdo es que quienes argumentaban que los Institutos violaban los derechos humanos por no permitir la convivencia familiar, ahora se escandalicen y difamen a sus responsables, precisamente por el hecho de procurar esa convivencia.
Hemos hecho un gran esfuerzo por dar crédito a las promesas preelectorales, de que iba a iniciarse un período distinto, a partir del nuevo gobierno. Pero a las promesas se las lleva el viento, y especialmente el viento del poder. El caso de las Congregaciones Católicas dedicadas a la niñez y adolescencia es muy doloroso, porque ese cambio sin motivo alguno de una política avalada por los gobiernos anteriores –del mismo signo partidario- más que afectar a la Iglesia Católica afectará a los más débiles y necesitados de una ayuda eficaz, en San Luis. A ello se suma lo que está ocurriendo con el Instituto Religioso que el Gobierno Provincial, hace varios años, puso a cargo de la administración del Hogar de Ancianos. La situación legal es distinta, pero la metodología que se está aplicando es la misma: desplazamiento y difamación. Y permanece en pie un reclamo no atendido hasta la fecha: se aprobó una ley que debería hacer posible la libertad de tener un espacio para practicar el culto Católico en la Ciudad de la Punta, tal como lo establece por otra parte la Constitución Provincial... y ese derecho de la gran mayoría de quienes habitan la Ciudad, que lo han reclamado insistentemente, no es reconocido. ¿Qué sentido tiene todo esto? Nos vemos obligados a decirlo: un sentido claramente anticatólico.
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Agencia
Informativa Católica Argentina |