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CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN
Con motivo de haberse cumplido recientemente el décimo aniversario de la reforma de la Constitución Nacional que –entre otras cosas– incorporó el inciso 17 del artículo 75, referente a los derechos de los pueblos indígenas, en mi carácter de presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, me dirijo a Usted con el objeto de hacerle llegar algunas preocupaciones que esta Comisión tiene con referencia al cumplimiento de estos derechos, especialmente en lo concerniente a las tierras. En las comunidades indígenas, que a través de nuestro Equipo Nacional de Pastoral Aborigen acompañamos en forma directa en muchas provincias de nuestro país, se percibe una profunda decepción –que en algunos casos llega al descreimiento– acerca de las autoridades y las leyes, ya que en relación con el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la norma constitucional en vez de haberse avanzado, pareciera que se está en franco retroceso, con desalojos muchas veces violentos de comunidades que, de un día para otro, se ven despojadas de sus tierras cuya posesión es inmemorial, siendo consideradas por las autoridades como intrusas en su propia tierra. Son también reiterados y eternamente ignorados los reclamos de las comunidades en cuanto a la titularización de sus tierras tradicionalmente ocupadas y de otras aptas y suficientes para su desarrollo, tal con prescribe la Constitución. Con respecto a este derecho fundamental a la tierra, no se percibe –hasta el presente– que se hayan diseñado y se apliquen políticas activas tendientes a saldar esta deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas. Es valorable el paso dado recientemente por el Poder Ejecutivo en cuanto a remitir al Congreso un proyecto de ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas, pero estimamos que ello debe ir acompañado de un proceso que permita avanzar sin dilaciones en la titularización de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades que no tienen actualmente su título de propiedad, estimadas actualmente en un setenta por ciento del total del país. Para ello, estimamos necesaria una legislación que instrumente la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas mediante un procedimiento ágil y sencillo, al que puedan acceder con facilidad todas las comunidades que así lo requieran. Los largos tiempos que se toman los diversos funcionarios para realizar estudios y analizar alternativas para encarar este tema conspiran contra la credibilidad de las autoridades por parte de las comunidades, sumando así otra decepción más en su largo camino en búsqueda de ‘una justicia demasiado largamente esperada’. Con mis sinceros deseos de que Dios lo ilumine para que pueda servir a todo el pueblo argentino y, en especial, a los pobres y excluidos que miran con esperanza su gestión de gobierno, me despido cordialmente.
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Agencia
Informativa Católica Argentina |