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SALUD REPRODUCTIVA:
EL SENADO APRUEBA UN GRAVE PROYECTO
Buenos Aires, 31/10/02 (SEVI).
El Senado de la Nación sancionó ayer la ley que crea el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El proyecto
aprobado será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o su
veto. En el debate, sólo algunos senadores nacionales expresaron
formalmente su disidencia total con el proyecto. El texto sancionado
puede resumirse en los siguientes puntos: La iniciativa es contraria a
la ley moral al promover la distribución de métodos anticonceptivos.
Personas menores de edad
En relación a las
personas menores de edad, si bien el art. 2º inc. d) señala como
objetivo del programa “promover la salud sexual de los adolescentes”,
el art. 4 aclara que la ley “se inscribe en el marco del ejercicio
de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad”.
Métodos abortivos
En el art. 6º inc. b)
se indica que los métodos deberán ser de carácter “reversible, no
abortivo y transitorio”. Sin embargo, subsiste la referencia al
organismo estatal encargado de dar aprobación a los medicamentos y por
tanto, las posibilidades de burlar ese inciso a través de la
utilización de métodos de riesgo abortivo o abortivos.
Controles de salud
El art. 6º establece
la realización de controles de salud en el marco del programa. Tales
controles despiertan temor en torno a posibles sistemas que invadan la
intimidad y libertad de las personas.
Capacitación de educadores y trabajadores sociales
El proyecto dispone
que el Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de
Educación y Desarrollo Social y Medio Ambiente, tenga a su cargo
capacitar educadores, trabajadores sociales y demás operadores
comunitarios para que realicen tareas de formación, creación de
espacios de reflexión y detección de conductas de riesgo en temas
vinculados con la salud sexual y la procreación responsable. Esta
facultad despierta enorme incertidumbre en torno a los contenidos de
tal capacitación o a las personas que la operarán.
Inclusión obligatoria de las prestaciones
A pesar de la crisis
inédita que vive el país y que afecta muy especialmente al sector de
la salud, el artículo 7º dispone: “Las prestaciones mencionadas en
el artículo anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio
(P.M.O.), en el nomenclador nacional de prácticas médicas y en el
nomenclador farmacológico. Los servicios de salud del sistema público,
de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las
incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus
otras prestaciones”.
Objeción de conciencia para profesionales
El proyecto no
contempla expresamente la objeción de conciencia para los
profesionales, que es un derecho constitucional. Con ocasión del
debate y aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, se
había aprobado un proyecto de ley para incorporar este derecho en la
ley 17.132 de ejercicio de la medicina. Tal iniciativa fue luego
modificada por el Senado, que amplió el alcance de la ley, pero
pretendía poner un límite de tiempo para el ejercicio del derecho.
Actualmente, este proyecto de objeción de conciencia se tramita ante
la Cámara de Diputados.
Objeción de conciencia institucional
“Las instituciones
educativas públicas, de gestión privada, confesionales o no, darán
cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones” y
“Las instituciones privadas de carácter confesional que brindan por sí
o por terceros servicios de salud podrán, con fundamento en sus
convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6°, inciso b), de la presente ley”, según lo disponen los
arts. 9º y 10º.
Difusión del programa
El art. 8º prescribe
la difusión periódica del programa, con los consiguientes gastos y la
promoción de campañas con mensajes muchas veces desedificantes que
atentan contra la niñez y la familia.
Bajo el rótulo “Salud
Sexual y Procreación Responsable” se esconde un programa que,
siguiendo los lineamientos trazados desde foros internacionales, tiene
por finalidad casi exclusiva promover la utilización de métodos
anticonceptivos contrarios a la verdad del hombre y la familia. Así,
el Estado, en lugar de cumplir su misión de servidor de la vida y el
bien común, evade enfrentar las grandes cuestiones de la familia, la
mujer y los niños, y se limita a difundir comportamientos
antinatalistas.
Por otra parte, como
hemos señalado reiteradamente, estos programas prometen una
distribución “gratuita” de métodos anticonceptivos, financiada con
endeudamiento externo que agrava la ya delicada situación de nuestro
país.
No es la “salud
reproductiva” el camino para salir de la crisis, sino un síntoma más
de una profunda crisis moral que afecta al país. La “cultura de la
muerte” debe ser enfrentada con una auténtica conversión que devuelva
al hombre el sentido más profundo de su ser, llamado a la comunión a
través de la entrega sincera de sí mismo a los demás.
Este documento fue publicado como suplemento
del Boletín Semanal AICA Nº 2396 del 20 de noviembre de 2002
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