| Documentos |
|
DEPARTAMENTO DE
PASTORAL SOCIAL DE LA
En este documento la Pastoral Social de la Diócesis de Bariloche, preocupada ante la desunión que entre los distintos sectores de una misma comunidad se presenta como consecuencia de posiciones, a veces irreductibles, frente a la problemática de la actividad minera, quiere señalar algunos aspectos que puedan ayudar a conocer mejor esa problemática y sirvan para encauzar los debates. Pero, fundamentalmente, la Pastoral quiere solidarizarse con los actores más débiles afectados por la actividad minera. La actividad minera presenta aspectos como: la ocupación directa de mano de obra y la indirecta sobre los servicios y comercios locales; la tenencia de la tierra ocupada por los propietarios donde se realizarán las explotaciones mineras; el impacto ambiental, esencialmente sobre las personas y el entorno físico (por ejemplo el relieve y las napas de agua) y los ingresos que reciben las provincias o la nación por cánones y regalías. El análisis de estos aspectos provoca conflictos entre las compañías mineras, las autoridades provinciales o municipales y los vecinos afectados.
La actividad minera en Argentina se rige por las disposiciones del Código de Minería (ley 1919) y sus modificaciones, especialmente las de las Leyes 25225 y 24585 de Protección Ambiental para la Actividad minera. A su vez, la ley 24196 de Inversiones Mineras y el Decreto de Necesidad y Urgencia 417/2003, son instrumentos claves para conocer la normativa de la Minería en Argentina.
Este Código rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. •Clasifica a las minas en tres categorías. Aquí interesan particularmente las de primera categoría, que sólo pueden explotarse por concesión legal otorgada por la autoridad competente nacional o provincial (generalmente las Direcciones Provinciales de Minería) según el terreno donde se encuentren las minas. Las minas de oro, plata, platino, cobre y otros metales, pertenecen al Estado nacional o provincial según el terreno donde se encuentren, pero sólo pueden ser explotadas por empresas privadas. Las de tercera categoría incluyen a los materiales para la construcción, en general explotadas mediante canteras, y pertenecen al propietario del suelo •El Estado nacional o provincial es el dueño de las sustancias minerales; puede investigarlas y explorarlas pero no puede explotarlas. Esto último sólo pueden hacerlo los privados titulares de una concesión. •Las minas se conceden por tiempo ilimitado pero en los hechos las explotaciones no suelen extenderse por más de 8 a 20 años. Por supuesto, esto depende de la magnitud y extensión de las reservas descubiertas y de los precios de los minerales en el mercado. •El Código de Minería limita los derechos de los propietarios del suelo, si bien la exploración del terreno debe contar con su autorización previa; en los hechos, prima en el Código Minero el interés de la compañía minera, tanto cuando explora como cuando explota.
•Todos los que desarrollan actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales, incluido el cierre de la mina, y los procesos posteriores de tratamiento del mineral (trituración, molienda, refinación, pulido, aserrado, etc), así como la disposición de cualquier tipo de residuos, son responsables de la preservación del ambiente. •El control es responsabilidad de las Direcciones de Minería provinciales o similares. •Antes del inicio de cualquier actividad minera la compañía debe presentar un Informe de Impacto Ambiental que es evaluado por la autoridad provincial. Si ésta lo aprueba emite una Declaración de Impacto Ambiental para cada etapa del proyecto. •El Informe de Impacto Ambiental debe incluir todas las acciones que la compañía piensa realizar para evitar el riesgo de daño ambiental. Por ejemplo, las eventuales modificaciones sobre el suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, relieve, población humana y su cultura. •La Declaración de Impacto Ambiental se debe actualizar cada 2 años y además se debe informar sobre las acciones desarrolladas por la compañía sobre estos aspectos. •El responsable del daño ambiental está obligado a mitigar, rehabilitar, restaurar o recomponer los daños ocasionados. •La compañía minera debe indemnizar los daños que ocasione al dueño del campo en donde esta la explotación. •Las sanciones van desde multas hasta el cierre definitivo de la mina. •Las autoridades correspondientes deben, a su vez, realizar programas de educación de la población acerca del impacto ambiental y la defensa del ambiente, y están obligadas a proporcionar toda la información tanto sobre los Informes como sobre las declaraciones
Impulsada y promulgada por el gobierno en los años 90, se creó para incentivar la actividad minera en el país –que la ley considera muy escasa para el potencial minero existente– y consistió en incentivar el ingreso de capitales con medidas como: estabilidad fiscal por 30 años y diversos beneficios impositivos.
Según esta ley al país le queda el 3 % del valor del mineral; es decir, menos que el reintegro del 5% en el caso de que los minerales se exporten por puertos patagónicos. Las compañías pueden girar sin restricciones las divisas por estas exportaciones (decreto 417/2003)
•El Código Minero es, pese a algunas actualizaciones, demasiado viejo. •En general se protege y beneficia mucho más a las compañías mineras que a los dueños del suelo, y son muy bajos los beneficios por cánones y regalías que quedan para el Estado. •De todas maneras, los dueños del suelo tienen el derecho a ser consultados y deben dar su autorización (aunque el texto del Código establece muchas salidas para que el futuro concesionario pase por encima del dueño del suelo) para la realización de las actividades mineras. •La inclusión de la ley 24585 de Protección Ambiental de la Actividad Minera en el Código de Minería es un avance y permite disponer de una norma que, bien administrada y aplicada, puede impedir impactos ambientales muy graves. •La ley 24196 de Inversiones Mineras y el Decreto 417/2003 (que permite la libre disponibilidad de las divisas producto de las exportaciones mineras), son excesivamente favorables a las compañías mineras (casi todas extranjeras) pues se les garantiza que no pagarán más impuestos que los existentes al inicio de la actividad. El riesgo minero exploratorio lo corre, en realidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y son muy importantes otras ventajas impositivas. •Como contrapartida, el país obtiene el 3% del valor de mineral en “boca de mina” (y mucho menos en el caso de las exportaciones por puertos patagónicos), que es extremadamente bajo para un recurso no renovable y que pertenece al Estado, es decir, a toda la comunidad.
• El valor de la onza de oro ha aumentado bastante en los últimos años; está cerca de los 390 dólares y se prevé llegue a superar los 400 dólares para fines del 2004. Esta situación vuelve muy atractivas para las grandes compañías mineras extranjeras el potencial en metales preciosos de muchas provincias argentinas, entre ellas Río Negro. •La producción minera en Argentina, en millones de dólares, pasó de 481 en 1993 a 809 en 2002. •Las exportaciones mineras evolucionaron de 24 millones de dólares en 1994 a 771 en 2002. •El número se empresas extranjeras con interés en actuar en el país pasó de 4 en 1986 a 50 en 2002. •La minería ocupa 20.000 personas en forma directa y casi 60.000 en forma indirecta en todo el país.
•Los impactos directos asociados a la demanda sobre los proveedores de bienes y servicios por compras de insumos para la producción minera y en el comercio, resultante de los salarios pagados a los trabajadores. •Las obras de infraestructura (energía, transporte y caminos) que pueden servir para potenciar actividades y crear otras nuevas. Pero casi siempre estas obras, que benefician a las compañías mineras, las paga el Estado o sea la población toda.
Y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países Independientes, aprobada por ley Nacional N° 24071/1992 art. 15, afirma: “En el caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los recursos del subsuelo, o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de estos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados debieran participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.” Por falta de títulos de propiedad y por mal desempeño del Estado nacional y de los Estados provinciales, en los hechos no se cumple lo que dice la Constitución Nacional y la OIT. Además, los emprendimientos mineros afectan gravemente el desarrollo y la supervivencia de las comunidades indígenas ya que, muchas veces, buscan el apoyo de estas comunidades a las explotaciones mineras mediante la aparente solución a sus necesidades de trabajo y el otorgamiento de dádivas y regalos.
Se chupan el agua y no hay agua en la meseta para la cantidad que estos megaemprendimientos requiere. El agotamiento de las fuentes de agua ocurre ya desde la exploración.
(con todas las enfermedades broncopulmonares)
Riesgos de accidentes y efectos en el corto y mediano plazo. El mercurio es mucho más riesgoso porque se queda en los sedimentos por mucho más tiempo y se bioacumula a través de las cadenas alimentarias. Productos de degradación que son muy tóxicos para la fauna acuática y además suman efectos a los de drenaje más ácido.
El azufre de las rocas, cuando son molidas y pulverizadas para el tratamiento con mercurio o con cianuro, toma contacto con el oxígeno del aire o el disuelto en el agua, y genera ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, a su vez, disuelve las rocas y arrastra los metales pesados, que luego se acumulan en la flora y en la fauna, pudiendo pasar luego al hombre ocasionándole daños irreparables. Por ejemplo, el SENASA encontró cadmio (un metal que suele existir en las rocas) en animales de la zona de la Mina Ángela. Entonces, DONDE HUBO UNA MINA SE CREA UN FOCO DE DIFUSIÓN DE TÓXICOS QUE DURARÁ POR SIGLOS.
•Las autoridades provinciales pertinentes, las compañías mineras, los dueños del suelo y la población de la zonas aledañas a las minas, deberían reunirse, crear comisiones de trabajo disponiendo de toda la información necesaria y esencialmente considerar la consulta al pueblo como condición ineludible para autorizar las labores mineras. •Las autoridades provinciales pertinentes tienen una responsabilidad muy importante cual es ponerse del lado de la verdad y de la ley es decir de la justicia y no de las compañías mineras. •A su vez, los dueños del suelo y la población afectada no debe dejarse instrumentar por sectores que pudieran aparecer como defensores de sus derechos pero que pueden tener actitudes inflexibles opuestas a todo diálogo debido, quizá, a prejuicios antimineros que asumen como principios. •Si se considerará no conveniente la realización de emprendimientos mineros en algunas zonas de la provincia de Río Negro –por ejemplo en la Línea Sur– el poder político y la comunidad deben buscar alternativas productivas que sean capaces de generar puestos de trabajo (quizá teniendo en cuenta que culturalmente los pobladores rurales tienen vocación y aptitudes para la cría del ganado lanar y caprino el otorgamiento de tierras y animales en magnitudes no inferiores a la unidad mínima productiva y el mantenimiento de adecuados precios sostén pueden ser caminos a explorar). En este sentido, está pendiente la tarea del denominado Ente de Desarrollo para la Línea Sur, que en varias oportunidades mencionaran los gobiernos de turno. •También se debe considerar la posibilidad de un proyecto de desarrollo turístico en la Línea Sur, el cual se contrapone con el desarrollo de una explotación minera que en seis o siete años sacará hasta el hartazgo todo lo que pueda. El turismo puede generar con el tiempo y con mayor sustentabilidad más empleo genuino que el proyecto minero. ¿Quién se acercaría, por ejemplo, a la laguna Carrilaufquen si supiera que allí desembocan las vertientes que provienen de Calcatreu tras pasar por el arroyo Maquinchao?
“El carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible. Estas realidades exigen también respeto, en virtud de una triple consideración que merece atenta reflexión. “La primera consiste en la conveniencia de tomar mayor conciencia de que no se pueden utilizar impunemente las diversas categorías de seres vivos o inanimados - animales, plantas, elementos naturales - como mejor apetezca, según las propias exigencias económicas. Al contrario, conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado, que es precisamente el cosmos. “La segunda consideración se funda, en cambio, en la convicción, cada vez mayor también, de la limitación de los recursos naturales, algunos de los cuales no son, como suele decirse renovables. Usarlos como si fueran inagotables, con dominio absoluto, pone seriamente en peligro su futura disponibilidad, no solo para la generación presente, sino sobre todo para las futuras. “La tercera consideración se refiere directamente a las consecuencias de un cierto tipo de desarrollo sobre la calidad de la vida en las zonas industrializadas. Todos sabemos que el resultado directo o indirecto de la industrialización es, cada vez más, la contaminación del ambiente, con graves consecuencias para la salud de la población” (Juan Pablo II. La Preocupación Social de la Iglesia N° 34).
“Son necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los y con los hombres del trabajo. “Esta solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. Y los pobres se encuentran bajo diversas formas, aparecen en diversos lugares y en diversos momentos; aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan las posibilidades de trabajo –es decir, la plaga del desempleo–, bien porque se deprecian el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia” (Pablo VI, Sobre el Desarrollo de los Pueblos 23).
Junio de 2004 |
|
|
|
Agencia
Informativa Católica Argentina |