Después del intento fracasado de imponer un férreo control demográfico a los países del Tercer Mundo, en la I Conferencia Mundial de Población de Bucarest (1974), organizada por las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos adoptó -entre otras- las siguientes directivas de gobierno ⁽¹⁾ :

1. Es necesario poner el mayor énfasis en «motivar a los dirigentes de los países en vías de desarrollo para que acepten las actividades de planificación familiar».

2. «Se debe ayudar a esos dirigentes a integrar las políticas de población en los planes nacionales de salud, educación y desarrollo». Esta medida, «ayudará a rebatir la acusación ideológica que los Estados Unidos están interesados en frenar el crecimiento de población de los países en desarrollo».

3. Pero, para evitar la acusación de imperialismo anticonceptivo se decide disimular las políticas antinatalistas insistiendo en: «a) el derecho individual a determinar libre y responsablemente el espaciamiento de los hijos, y b) el derecho al desarrollo de los países pobres».

4. Se comienza a promover una campaña «de reingeniería social para provocar cambios culturales y ‘cambiar las creencias’ (se refiere a creencias religiosas)», obviamente para facilitar la hegemonía de los países desarrollados, tratando de neutralizar la influencia de la Iglesia Católica.

A través de las conferencias internacionales realizadas en este último decenio, la Cumbre de Río («Eco’92», 1992), la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (Viena, 1993), la III Conferencia de Población de El Cairo (1994), la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague (1995), la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), Habitat II (Estambul, 1996), Cumbre Alimentaria Mundial (Roma, 1996), y las reuniones de seguimiento correspondientes, como El Cairo+5 en 1999, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, apoyadas por un grupo de numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), intensificaron la presión antinatalista sobre los países del Tercer Mundo.

El 25 de marzo de 1995, Juan Pablo II de-nunció «una guerra de los poderosos contra los débiles», (Evangelium Vitae, n. 12), «el antiguo Faraón viendo como una pesadilla la presencia y el aumento de los hijos de Israel, los sometió a toda forma de opresión y ordenó que fueran asesinados todos los recién nacidos va-rones de las mujeres hebreas (cfr. Ex 1, 7-22). De este modo se comportan hoy no pocos po-derosos de la tierra», (Evangelium Vitae, n. 16)

Dos años antes el Sumo Pontífice había denunciado este afán totalitario de los países del Norte como "una nueva guerra fría, pro-vocada por la carrera desenfrenada al acaparamiento y a la explotación de los recursos de la tierra por parte de unos pocos privilegiados sienta las bases para otra forma de guerra fría, entre el Norte y el Sur", (Discurso, 8-V-93).

Como era lógico la Argentina no se ha mantenido al margen de esta presión internacional. Podría parecer lo contrario teniendo en cuenta las declaraciones pro-vida del gobierno del presidente Menem, y su postura contraria al aborto quirúrgico en los foros internacionales, pero eso no ha preservado al país de la embestida contra la vida humana ⁽²⁾ .

A lo largo de esta década se han ido sucediendo los proyectos, las leyes y las reglamentaciones municipales que reconocen "los derechos" a la "salud reproductiva", "a la maternidad sin riesgos", «a evitar el ambarazo no-deseado», que son sin más la autorización de abortar por medios químicos. Las provincias de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Chaco, Misiones y municipios como Berisso, Ensenada, General Sarmiento por sólo referirnos a algunos de la provincia de Buenos Aires, son ejemplos bien contundentes.

Un proyecto paradigmático, presentado por el partido gobernante, fue el aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, en la madrugada del 1 al 2 de noviembre 1995. El Senado no trató el proyecto que perdió su estado parlamentario en 1997. El otro ejemplo, es el actual proyecto en estudio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, éste fue elaborado en base a proyectos de la Alianza, aunque cuenta con apoyo de muchos legisladores del PJ.

Forma parte del mencionado proyecto de ley nacional, un anexo del Ministerio de Salud y Acción Social, llamado «Propuesta Normativa Perinatal: Procreación Responsable». En este texto se aceptan explícitamente como procedimientos contraceptivos no sólo los anticonceptivos hormonales y los DIU’s, que tiene efectos abortivos, sino también, los implantes y los inyectables -también abortivos-, y los procedimientos de «anticoncepción post-coital», eufemismo usado seguramente para tranquilizar conciencias. Porque no hace falta ciencia médica para saber lo que significa "anticoncepción post-coital o de emergencia", quiere decir aborto por medios químicos, que es el que provoca por el efecto de drogas o dispositivos intrauterinos (DIU’s), la muerte y expulsión del embrión humano en las primeras etapas de su desarrollo, al impidir su implantación en el endometrio del útero.

En casi todos los textos analizados de otros proyectos, tanto municipales como provinciales y especialmente en el que está a estudio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se autorizan todos los métodos y productos anticonceptivos aceptados y los que en el futuro pueda aprobar el Ministerio de Salud, de ahí la importancia de la Propuesta Normativa.

Siguiendo las pautas de la Propuesta Normativa, el Ministerio de Salud y Acción Social, a fines de 1997, aprobó la fabricación y venta de un anticonceptivo post-coital o de emergencia en base a las drogas levonorgestrel y etinilestradiol. Este producto -al que no se debería llamar producto medicinal- consiste solamente en píldoras con dosis más elevadas de levonorgestrel y etinilestradiol que las dosis de esas mismas drogas que contienen las píldoras anticonceptivas «normales».

Es decir, por lo general, para provocar un aborto químico se puede acudir a un anticonceptivo «normal», aumentando el número de píldoras que se ingieren. El «anticonceptivo de emergencia», facilita la cuestión, pues evita la ingesta de muchas píldoras, basta con unas pocas para «evitar el ambarazo no deseado, producto de un coito no protegido», como dicen las instrucciones para su consumo. (Vid. Programa Provincial de Salud Reproductiva del Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Mendoza, prescripciones posibles para anticonconcepción de emergencia en base a marcas comunes de anticonceptivos ⁽³⁾ ).

Por lo tanto, son abortivos los medios anticonceptivos usados, específicamente en la anticoncepción postcoital, y todos aquellos usados en la anticoncepción "normal" que alteran el endometrio uterino haciendo imposible la anidación del embrión.

Todos estos proyectos, leyes provinciales y ordenanzas municipales, explícita o implícitamente, facilitan y promueven el aborto químico, inducido por las drogas y elementos que contienen los anticonceptivos, (píldoras y DIU’s).

La sentencia 296 del 26 de agosto pasado de la juez federal de Córdoba reconoce jurídicamente lo que médicamente se sabía. Los compuestos de levonorgestrel y etinilestradiol para la llamada "anticoncepción de emergencia" son verdaderos abortivos.

La misma IPPF, siempre interesada en esconder los efectos abortivos de los anticonceptivos, dice: «La implantación o ingesta de estas drogas para evitar el embarazo cuando el período menstrual de una mujer está atrasado, debe considerarse como un abortivo. Con tal finalidad se implantan DIU’s, o se administra etinilestradiol, o esta droga combinada con levonorgestrel, o la droga antiprogesterona: mifepristona», con la que se fabrica la píldora abortiva, RU 486, ⁽⁴⁾.

La IPPF suma a los medios para la "anticoncepción de emergencia", la droga mifepristona. La mifrepristona actúa produciendo el aborto no sólo antes de la implantación del embrión humano, sino también después de ella, constituyendo, como decía el Prof. Lejeune, un verdadero pesticida humano. Una acción similar tiene otra droga, el misoprostol ⁽⁵⁾ .

Los defensores de llamar anticoncepción al aborto, argumentan que el embarazo comienza desde la implantación del óvulo fecundado en el endometrio del útero y no desde la fecundación. No existen razones científicas para afirmar tal cosa, ya que la implantación es un paso en el desarrollo de la vida humana que comienza en la fecundación. La implantación no constituye ningún cambio sustancial. Sin embargo, arbitrariamente y por razones ideológicas o mercantiles y no científicas, el American College Obstetrics and Gynecology (ACOG), de 1965, decidió que la "concepción -en el sentido de comienzo del embarazo- comienza con la implantación del óvulo fecundado" ⁽⁶⁾ . En ese año, después de bastante tiempo dedicado a experimentos abusivos en humanos, se trataba de imponer la píldora en el mercado.

Plantear esta diferenciación entre fecundación e implantación resulta éticamente improcedente ya que no habrá embarazo si antes no hay una persona humana y sólo una vez concebida ésta será posible aquél. Por tanto, para que exista un embarazo es necesaria la concepción de un ser humano y, por otra parte, es bien sabido que el embrión recién concebido -y antes de su implantación- produce señales biológicas en el nivel molecular que facilitan su reconocimiento y preparan su implantación, manteniendo una evidente "comunicación" con su madre prácticamente desde el momento mismo de la concepción. De este modo, entonces, el embarazo comienza antes de la implantación, sin duda en la concepción, no siendo válida la aplicación del concepto de "inicio del  embarazo" ⁽⁷⁾.

Sin duda para facilitar el aborto, la ideología se impone a los datos científicos, un ejemplo de esta manipulación se ve claramente en el caso de México. En ese país el Estado, a instancias de la Organización Mundial de la Salud; la Organización Panamericana de la Salud; el Fondo de Población de Naciones Unidas; Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Family Health International; Pathfinder México; la Association for Voluntary Surgical Contraception y la Fundación Ford Foundation y el Population Council, cambió en agosto de este año la definición tradicional de embarazo por otra: "aquella parte del proceso de la reproducción humana que se inicia con la implantación del conceptus en una mujer y termina con el nacimiento de un producto o con un aborto" (vid. Actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA2-1993 de los Servicios de Planificación Familiar, 24-8-99).

Frente a la certeza que detrás del concepto de salud reproductiva se mal encubre el aborto, lo demás es secundario. Pero podemos añadir que debido a la cantidad enorme de contraindicaciones médicas y consecuencias perjudiciales para la salud de la mujer de los DIU y los contraceptivos hormonales (píldoras), que figuran en cualquier vademecum médico, de los textos de referencia no se deduce una preocupación verdadera por la salud de la mujer. Sólo se pretende evitar nacimientos a toda costa.

Además, la distribución masiva de anticonceptivos no soluciona la mortalidad infantil, como pretenden los textos, a no ser que la «solución» sea que no nazcan niños, lo que trae reminiscencias nazis de «solución final».

Tampoco como dicen, acceder fácilmente a los anticonceptivos previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que es camino para su aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen en el mundo 25 millones de nuevos casos de gonorrea, 50 millones de nuevos casos de clamidia, 20 millones de nuevos casos de herpes genital ⁽⁸⁾ , y nunca como ahora, por ejemplo, se han regalado y distribuido tantos preservativos. Por otro lado, la misma IPPF reconoció que, a pesar de las intensísimas y costosísimas campañas para inculcar en los adolescentes el mal llamado «sexo seguro» en los países de Europa, el 60% de las relaciones sexuales entre los jóvenes se dan «sin protección» ⁽⁹⁾ . Sin ir más lejos, a principios de 1999, el director ejecutivo de ONUSIDA, Peter Piot, declaró que la pandemia del SIDA estaba descontrolada.

Juan Pablo II dice que la contracepción y el aborto provocado tienen una raíz común, «son fruto de una misma planta», (Evangelium Vitae, n. 13), y la historia nos enseña que los movimientos antinatalistas piden siempre: anticoncepción y después, aborto legal.

Comparando los textos se ve con claridad que las leyes, las ordenanzas y los proyectos de ley de salud reproductiva son copia de los proyectos modelo provistos por las ONG’s tales como International Planned Parethood Federation (IPPF). (En la Argentina, la filial de la IPPF es la Asociación Argentina de Protección Familiar). Ese prototipo de leyes, en otros países ha llevado a la despenalización del aborto quirúrgico.

En todos estos textos, el Estado juzga cuando la procreación es responsable o no. En todos, se prohibe a los médicos y al personal sanitario ejercer el derecho humano a la objeción de conciencia, siguiendo la abusiva resolución de la Conferencia de la Mujer de Beijing, (nuestro pais no hizo reserva sobre ese tema). En todos, se niega el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos. Y en todos, uno de los objetivos primordiales declarados es combatir la pobreza, que tratan de resolverlo, como dijo Juan Pablo II, «prohibiendo a los pobres nacer».

El objetivo declarado de la IPPF, y de otras organizaciones internacionales, para el año 2000 es conseguir la despenalización del aborto quirúrgico en los países en los que todavía rige algún impedimento legal. "Allí dónde el acceso a los servicios de aborto sin riesgo es restringido, las asociaciones deben mantener un diálogo positivo y trabajar con otras organizaciones no gubernamentales o grupos dedicados (...) para promover reformas en la ley", ⁽¹⁰⁾. Para imponer la contracepción, y después despenalizar el aborto, estas organizaciones mienten descaradamente en cuanto al número de abortos clandestinos. En la Cámara de Diputados de la Nación en 1995, se llegó a hablar de 500.000 abortos ilegales al año, lo que es estadísticamente imposible ⁽¹¹⁾.

Los obispos latinoamericanos acusaron a la IPPF y a sus filiales de «empobrecer moralmente» a los pueblos de la región, y denuncian que sus políticas son inspiradas por «poderosos intereses económicos y políticos de organismos financieros y de laboratorios que buscan mercados para sus productos anticonceptivos y abortivos», y reconocieron una verdadera guerra química ⁽¹²⁾.

No cabe duda que los textos que nos ocupan son un instrumento del imperialismo cultural que pretende implantar un nuevo orden en el mundo y que utiliza, como una de sus armas, el sexo, empobreciendo moralmente a los pueblos. En otras palabras, estas campañas son etapas del plan de reingeniería social que llevan a cabo los países centrales y se enmarcan en un proyecto de dominio universal.

El totalitarismo, según algunos autores modernos -dice Michel Schooyans-, no se define primeramente por la vigencia de un régimen en particular o por la ausencia de un parlamento o de un régimen representativo, aunque estas condiciones sean irremplazables. El régimen totalitario tiene como razgo típico el ataque al hombre en sus dimensiones físicas, psicológica y espiritual. El totalitarismo inhibe, paraliza, congela y anestesia la capacidad de juicio personal y la toma de decisiones libres. Se distrae la atención, se inhibe la capacidad crítica, se retira toda responsabilidad, y la persona se convierte en irresponsable y alienada. El totalitarismo ya no usa la fuerza física, destruye el yo.

El sujeto se ve como llevado a adoptar una ideología que favorece un comportamiento que conviene a quien se lo quiere imponer, sufre como una ocupación de su mente. La ideología asumida por el dominado, por el colonizado mental, le predispone a aceptar e incluso a consentir formas de violencia física. Le han dominado el cuerpo, dominando su inteligencia y su voluntad. Se hace absorver a los colonizados un discurso ideológico que disfraza los intereses del dominador y lo llega a ver como un beneficio para él y para los demás De esta manera la mentira ideológica apoya la violencia física, pero el camino inverso también es posible: la violencia física puede solicitar la ayuda de la violencia ideológica. Las prácticas violentas como la esterilización, el aborto y la anticoncepción, ejecutadas según la política de los hechos consumados, preparan la mentalidades para aceptar las justificaciones ideológicas y jurídicas para esos atropellos.

Quienes impulsan estas medidas se llaman a sí mismos "progresistas". Para ellos atentar contra la vida, el uso banalizado y banalizante del sexo, la educación sexual animalizante, los intentos de "democratizar la familia" son sinónimo de desarrollo social y de libertad y, a la menor objeción, tratan de "fundamentalista" a quien disiente, aunque ellos acepten acríticamente los dictámenes de la ONU o de cualquier organismo internacional, tengan o no fundamento científico.

Algunos, buscando con sinceridad poco reflexiva el bienestar de quienes padecen situaciones difíciles, no se dan cuenta que su pensamiento circula por los caminos del evolucionismo social, el mismo que hizo que en este siglo que despedimos se concretaran las mayores aberraciones de la historia, ejecutadas como política de estado: la eliminación de miles de seres humanos, los campos de concentración; las leyes eugenésicas, con esterilizaciones masivas y permisos para concebir; la eutanasia de enfermos mentales y físicos, en fin, la eliminación de todos los que eran inútiles al Estado.

En el fondo, ahora, ¿no se está tratando de eliminar a quienes no son útiles a la sociedad globalizada, o a quienes no pueden alcanzar un patrón de "calidad de vida" fijado por otros? ¿No sucede ahora, como sucedió bajo el nazismo y el comunismo, que se elimina a quienes no pueden ser convertidos en masa uniforme, porque su raza, su religión, su lugar de nacimiento o sus tradiciones ancestrales los hacen distintos e inabsorvibles? Muchas "soluciones" al problema de la pobreza nacen de esa mentalidad, que se caracteriza por el convencimiento que ciertos sectores de la población poseen tendencia genética o una herencia cultural o religiosa insalvable que los condena a la miseria; entonces, no se les facilitan ni la educación ni las oportunidades de trabajo, se los castra con anticonceptivos, se los elimina.

Como es lógico en este orden de cosas, mu-chos de los mentores del aborto encubierto ba-jo la capa de los derechos reproductivos y la sa-lud reproductiva, padecen una especie de obsesión anticatólica, porque como dice el Cardenal Ratzinger, quien afirma que en la figura de Jesucristo y en la fe de la Iglesia hay una verdad permanente y universalmente vinculante se convierte ipso facto en el único verdadero enemigo de la sociedad  relativista⁽¹³⁾.

Manipulando palabras e ideas ponen gran empeño por calificar de "religiosa", y por lo tanto, despreciable y descalificatoria, la verdad científica sobre la fecundación y el ini-cio de la vida humana y toda razón médica opuesta a los anticonceptivos, tanto si hace referencia a sus efectos abortivos como las consecuencias negativas que tienen éstos para la salud de la mujer. Sin embargo, esas evidencias científicas y esas consecuencias son claras para todos los médicos honestos, creyentes y no creyentes.

Otras veces, atacan insistentemente a la Iglesia Católica, acusándola de entrometerse en política; o insistiendo en que su doctrina carece de humanidad, compasión y hasta de caridad. No es raro que quienes tienen este empeño favorezcan apostasías y las apoyen económicamente, como en el caso de las denominadas «católicas por el derecho a decidir», y se presenten como cruzados de la "democratización de la Iglesia". Se olvidan que la doctrina de Jesucristo no se reforma a mano alzada, según va pasando el tiempo.

La manipulación de los conceptos y los prejuicios ideológicos los hacen argumentar en contra de las leyes de toda lógica. Por ejemplo, llaman mucho la atención los dichos de un diputado argentino, médico de profesión, en el debate de noviembre de 1995. Este profesional de la medicina, refiriéndose a la cantidad de abortos espontáneos -que según afirma la misma ciencia médica- tiene una mujer que hace uso habitual de su sexualidad dijo, para justificar el carácter abortivo de los dispositivos intrauterinos, «la naturaleza produce más abortos que el DIU».

Sea verdad o no lo relacionado con los abortos espontáneos (que son involuntarios), este médico con sus palabras, demostró que no distinguía entre lo voluntario y lo involuntario en los actos humanos. Peligroso camino eligió el diputado, pues no aprecia la diferencia entre la muerte natural y la causada intencionalmente. No distingue, por ejemplo, entre las muertes ocasionadas por un atentado, -el de la AMIA, por citar uno-, y las muertes a causa de un terremoto; tampoco entre la muerte natural de un enfermo y un asesinato en la vía pública o la muerte provocada a ese enfermo por su propio médico. ¡Dios nos libre de tales médicos y de tales legisladores! Así se llega a la triste conclusión que lo importante para estas personas no es la búsqueda de la verdad y la coherencia de pensamiento, sino llevar adelante un plan de reingeniería social, en el que la revolución sexual es una etapa.

Juan Pablo II describió esta situación diciendo, "existe hoy un riesgo no menos grave debido a la negación de los derechos fundamentales de la persona humana y por la absorción en la política de la misma inquietud religiosa que habita en el corazón de todo ser humano: es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. En efecto, ‘si no existe una verdad última -la cual guía y orienta la acción política- entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia’" , (Veritatis Splendor, n. 101 y Centesimus Annus, n. 46).

Por eso, el Santo Padre insiste en que «estamos no sólo ‘ante’, sino necesariamente ‘en medio’ de este conflicto: todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida», (Evangelium Vitae, n. 28)».

Frente a esta situación no caben dilaciones para tomar una actitud, una opción vital, se está a favor de la vida o en contra de la vida: todos los programas de anticoncepción, educación sexual, paternidad planificada o salud reproductiva, al poner énfasis en la prevención de los hijos no deseados, inducen casi coactivamente la intención de no desearlos, y son el camino para la despenalización del aborto quirúrgico.

Dicho de otra manera, los conceptos de salud reproductiva o procreación responsable legalizan el aborto al legalizar la «anticoncepción post-coital» o «de emergencia», por lo tanto, si una ley los admite y los favorece, esa ley es una ley que autoriza y promueve el aborto y además, abre la puerta para la legalización del aborto quirúrgico, como un derecho de la mujer.

La mayoría de los textos analizados imponen a los médicos la obligación de recetar anticonceptivos, y no contemplan la responsabilidad de los servicios públicos de salud por las consecuencias negativas para la salud de la mujer de la inserción del DIU y de la prescripción de anticonceptivos hormonales. El proyecto de ley nacional de 1995, va más allá, pues mediante la creación de sistemas engañosos de "consentimiento informado", exonera explícitamente de responsabilidad a esos servicios.

Y por si esto fuera poco, mediante estos instrumentos legales se crean sistemas de seguimiento para las mujeres que participan en los programas.

Las denuncias de coacción y violencia psicológica en los programas de planificación familiar han llegado al Congreso de los Estados Unidos y son públicamente conocidas en toda América Latina.

Estas medidas, les guste o no a quienes las imponen o pretenden imponer, aunque digan actuar en nombre de la democracia, son medidas totalitarias, que no respetan la libertad de la persona. Sabemos, por ejemplo, que en Brasil para dar trabajo a una mujer, algunas empresas exigen un certificado de esterilización o un certificado de «perseverancia» en programas de salud reproductiva.

Estas leyes y proyectos sientan las bases para sustraer del ámbito de la intimidad del matrimonio la decisión sobre el número de hijos, poniendo las bases para que el Estado, las ONG’s o la opinión pública determinen cuándo y entre quiénes la procreación es responsable.

Por eso, Juan Pablo II dice: «Se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática», contra la vida. En este final del siglo XX, «los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible», (Enc. Evangelium Vitae, n. 17).

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Notas

(1)   National Security Memorandum 200, Implicaciones del Crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de Ultramar, diciembre 1974. Habitualmente a este documento se lo llama Informe Kissinger, cit. en Sanahuja, J.C., El Gran Desafío, Serviam, Buenos Aires 1995, pp 55-58.

(2)   Noticias de la ONU. Número 138, 55/99. Buenos Aires, 25 de julio de 1999, gacetilla 216, Ciudad de Buenos Aires: Proyecto de Salud Reproductiva; gacetilla 217, Argentina: Anticonceptivos hormonales (Píldoras), Usados en "anticocepción de emergencia" (AE); gacetilla 218, Argentina: Algunas píldoras anticonceptivas que impiden la implantación. (http://pagina.de/noticiasdelaonu).

(3)   Ibid. gacetilla 217, Argentina: Anticonceptivos hormonales (Píldoras), Usados en "anticocepción de emergencia" (AE). (http://pagina.de/noticiasdelaonu).

(4)   Boletín Médico de la IPPF, Vol. 22, n. 5, octubre 1988. La RU 486, en base a la droga mifepristona, fue lanzada al mercado por el laboratorio Roussel-Uclaf, subsidiario de Hoescht AG de Alemania. Hoescht es un laboratorio que nació del desmembramiento del IG Farben, que fabricaba el gas Zyklon B para los campos de concentración nazis. Acaba de ser autorizada en todos los países de la Unión Europea, bajo el nombre de Myfegine. Vid. Noticias de la ONU. Número 59/98. Buenos Aires, 8 de Octubre de 1998, gacetilla 107, Comunicación de la Santa Sede a la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Etica y valores humanos en la planificación familiar: Diálogo internacional sobte derechos y responsabilidades de personas y sociedades. Bankok, 19-24 de junio de 1988. (http://pagina.de/noticiasdelaonu).

(5)   Noticias de la ONU. Número 130, 47/99. Buenos Aires, 29 de Junio de 1999, informe 201, Lo que hay que saber sobre la píldora RU-486. La Argentina podría producir y comerciar con el pesticida humano en cualquier momento (http://pagina.de/noticiasdelaonu).

(6)   American College Obstetrics and Gynecology (ACOG) Terminology Bulletin, Terms Used in Reference to the Fetus, Chicago, American College of Obstetrics ad Gynecology, No. 1, September 1965.

(7)   Pineda Rafael, ‘Contracepción de emergencia’. Un mal llamado método anticonceptivo, 1998, pro-manuscripto, Rosario 1998.

(8)   Vid. Informe anual 1994, Fondo para la Población de las Naciones Unidas, New York, 1994

(9)  Haspels, A., Anticoncepción postcoital, Boletín Médico de la IPPF, Vol. 22, n. 5, octubre 1988, pp. 1-3.

(10) IPPF, IMAP, IPAP, Declaración sobre el aborto con riesgo y la salud reproductiva, Boletín Médico de la IPPF, Vol. 26, n. 1, febrero 1992, pp. 1 y 2.

(11) Carta del Dr. Nathanson, sobre la falsedad de las cifras que se dieron para los casos de Estados Unidos (cfr. La Capital, Mar del Plata, 9-8-98). Vid. también Lejeune, Jérome y otros, Dejadlos vivir, Rialp, Madrid 1980. En la nota de prensa de la Sociedad Argentina de Etica Médica y Biológica (SAEMB), del 13 de julio de 1990, el Dr. Luis Ravaioli demuestra estadísticamente la falsedad de esas cifras.

(12) Declaración Final de Obispos Presidentes de Comisiones Episcopales para la Familia y la Vida, 18.III.93.

(13) Ratzinger, I., Situación de la fe y la teología, L’Osservatore Romano 1-11-96, pp. 4 y 5, ed. cast.