“AL BORDE DEL ABISMO...”.

Comentario editorial del padre Hugo Salaberry SJ. en el periódico CONSUDEC perteneciente a la primera quincena de julio de 2004

En la declaración de principios y estrategias que la Comisión Directiva del Consudec en reunión extraordinaria emitió con fecha 3 de mayo del corriente año, su primer punto decía: “...impugnar la razonabilidad de la resolución 175/02 del Ministerio de Trabajo...”.

Como todos Ustedes conocen, la resolución citada –aún sin publicar en el boletín oficial– obligaría a cada instituto de gestión privada a pagar a sus docentes, el proporcional del aumento otorgado a todo el sector privado por un decreto anterior, el número 1273/02 emanado del Poder Ejecutivo Nacional. (Del cual están excluidos los docentes de gestión estatal).

El tema, de mucha complejidad, debe ser necesariamente abordado desde varios ángulos y aún así, es probable que nos queden puntos sin tratar con la debida fundamentación y hondura.

Igual, nos acercaremos al análisis de esta resolución aclarando algo de manera previa: se ha publicado en algunos medios, que el Consudec “...pide la derogación de un decreto que otorga un aumento a los docentes...”. Una afirmación es cierta y otra afirmación es falsa. O por lo menos da lugar a una interpretación errónea.

Es cierto que Consudec ha pedido la derogación de la resolución 175/02. Lo ha pedido y lo vuelve a decir ahora. La resolución 175/02, DEBE SER DEROGADA. Y si, al decir que debe ser derogada se entendiese que en algún momento estuvo en vigencia, es necesario aclarar que entonces se debe  PEDIR SU NULIDAD. Y si aún así se entendiese que estuvo en vigor, volveremos a decir lo que dijimos en la reunión de comisión:  impugnar la razonabilidad.

Lo de impugnar la razonabilidad, tiene su sentido y su contexto. Una resolución de este tenor, puede haberse hecho solamente a través de una extraña complicidad entre adolescencia e irracionalidad. Por eso se pide con pleno conocimiento: impugnar la razonabilidad.

Esto corresponde a la primera afirmación que es cierta y asumimos como Comisión Directiva de Consudec esa responsabilidad, aunque también tendremos que hacer algunas precisiones, cuales son por ejemplo, que las consecuencias que se siguen de esta resolución, son la firma de la partida de defunción de las instituciones de gestión privada y en particular las católicas. Por supuesto, no aquellas que tienen suficiente respaldo económico como para afrontar ésta y muchas otras resoluciones del tipo.

Esta resolución es condena de muerte para más de DOS MIL institutos católicos que han prestado y prestan un servicio de entrega y generosidad, fundados la mayoría de las veces porque eran solicitados por la comunidad política y porque las circunstancias y la patria lo necesitaban. Al persistir en esta política de aplicación de la resolución, debemos deducir que ni el Ministerio de Trabajo ni el Gremio conocen a qué abismo empujan al subsistema. ¡Y eso que uno defiende las fuentes de trabajo y el otro, a los trabajadores....!.

¡Cómo quisiera decir que esto es exageración!. Pero quienes me conocen saben que no soy de aumentar a diez, para que me den 5 por que en realidad necesitaba 3.

Estas son algunas cosas que se me ocurría escribir respecto de lo que podemos llamar primera afirmación.

Al decir que se pide la derogación de una resolución “...que otorga un aumento de sueldo a los docentes...”, se daría a entender que no queremos un aumento de salario para los docentes. Esto es lo que digo que es falso.

Tal vez no es necesario recordar aquí, que en la misma declaración de principios y estrategias arriba citada, en su punto nro. 5, la Comisión Directiva de Consudec también decía: “Reconocer la necesidad y urgencia de una recomposición salarial en el ámbito educativo de cada jurisdicción para todos los docentes de la misma”.

De allí la aclaración. Se reconoce la urgencia de un aumento y también la irracionalidad de la pretensión de intimar a cada instituto para que se haga cargo de ese aumento, toda vez que los institutos nuestros sobreviven por el aporte estatal. Aporte estatal, que lejos de ser dádiva, es la colaboración que el Estado hace por un servicio que no deja de ser beneficioso para el mismo Estado, dado lo que significa de ahorro al despreocuparse de infraestructura, mantenimiento, personal de maestranza, extraprogramáticos, otros...

¡Qué otra cosa quisiéramos que poder solventar los gastos salariales de los docentes con dinero propio para ahorrarle esa inversión al Estado!. Aunque, no dejaría de ser un retroceso: uno de los motivos por los cuales surge la Ley 13047, es hacer efectivo el derecho que todo ciudadano tiene de elegir conforme a sus convicciones, la educación que quiere para sus hijos y así posibilitar el acceso a la formación (en este caso la católica) de todos aquellos que lo desean, no sólo los que pueden pagar sus cuotas. Y cuotas más que altas, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos en este tiempo.

Pero la realidad actual de los colegios nos dice que se hacen verdaderos equilibrios para sostenerse, en las circunstancias y limitaciones por las que están pasando, han pasado y deberán pasar. Los colegios católicos tienen que “pagar el precio” de haber optado estar presentes en los lugares más necesitados, junto a la gente que más lo reclama y quienes los “obligan” a pagar este precio, (¡qué curiosa paradoja!), son un ministerio de un gobierno justicialista y un gremio de la misma extracción.

Volvemos a decir que es necesario recomponer el salario de todos los docentes. Y es necesario también, reconocer con absoluta justicia, el papel desempeñado por la educación (TODA LA EDUCACION) en los últimos años en el país, como elemento de cohesión, vital y único, asumiendo tareas que le fueron impuestas sin que fueran propias del ámbito educativo, trabajando con una generosidad que no tuvieron ni dirigentes, ni el gremio que nuclea a los docentes privados.

Es más, el gremio, en su lamentable actitud, ni siquiera ha tenido la vergüenza y el pudor, ya que poco hizo, a no ser manifestarse en contra de todo intento de unidad y de arreglo del caos reinante, ni siquiera ha tenido la vergüenza o el pudor, –decía– de quedarse con la boca cerrada, ya que tan poco hizo por la unidad del país y la conciencia de patria.

Algunos comentarios que también quiero agregar:

Como todos estos reclamos tienen como fondo la instauración de la justicia, también quiero decir, que la justicia deja de serlo cuando es rapiñada. Se ha lanzado un golpe mortal a todo el subsistema de educación de gestión privada y los protagonistas han sido el defensor de los derechos del trabajador y el encargado de velar por las fuentes de trabajo.

Al menos en esto podremos estar tranquilos. El golpe mortal no ha sido nuestro. La voluntad de hacer grande a la patria, sigue estando en pie. Siglos defendiendo el país, acompañando sus niños para hacer de esta Patria una Patria grande, en todo lugar, en todo el territorio. Desde el año 1565 (Franciscanos en Tucumán), se ha mantenido el cariño a lo nuestro, el respeto por la tierra y la solidaridad con el débil y el pobre.

Y ahora llegan los “defensores del trabajador” y se encargan de hacer tambalear y/o desaparecer las fuentes de trabajo que tanto servicio prestaron a todo el país, mucho antes que estos “defensores” existiesen.

Lo parcial de la mirada y el empecinamiento y obcecación de los dirigentes en permanecer en una postura que lleva al suicidio no puede creerse como una política de estado razonada, pensada para el bien de la familia argentina.