Agradezco asimismo el amable saludo de parte del Señor Presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, en el cual manifiesta sus sentimientos personales y el deseo de acrecentar la tradicional cooperación entre la Iglesia y el Estado para la consecución del bien común. Le ruego, Señor Embajador, que se haga intérprete de mi reconocimiento por ello ante el primer mandatario del país, a quien hago mis mejores votos por su alta y delicada responsabilidad.

En estas circunstancias, le resultará familiar la naturaleza de esta nueva e importante responsabilidad que su Gobierno le ha encomendado. Es, en cierto modo, una misión del todo singular, teniendo en cuenta el papel que desempeña la Santa Sede en el concierto de las naciones para conseguir una mejora de las relaciones entre los pueblos, una convivencia más pacífica y una colaboración más estrecha entre todos. Su actividad, de carácter eminentemente espiritual, se inspira en la convicción de que "la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre; por ello orienta el espíritu hacia soluciones plenamente humanas" (Gaudium et spes, 11). Por eso, la Santa Sede, además de prestar atención a las Iglesias particulares de cada nación, se preocupa también por el bien de todos los ciudadanos y trata de hacer valer en los foros internacionales aquellos derechos de las personas y los pueblos que hacen honor a su dignidad y a la excelsa vocación que Dios ha otorgado a cada ser humano.

En este sentido, es motivo de satisfacción el que la Nación haya podido vivir en los últimos años en un clima de serenidad política, sin grandes sobresaltos, aun cuando haya debido enfrentarse a una herencia de serias dificultades en la convivencia y delicadas situaciones en el campo económico. Ha demostrado así que el país puede afrontar su propio destino mediante una normal actividad democrática, que asegure la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y la alternancia ordenada de los gobernantes, en el reconocimiento de la aportación que cada uno ha dado a la vida de la Nación. Deseo ardientemente que esta madurez cívica se afiance cada vez más en una recta concepción de la persona humana. Una conciencia profunda de estos valores favorecerá el que, no obstante las legítimas diferencias, se produzca una confluencia entre las diferentes fuerzas políticas para resolver aquellas cuestiones más acuciantes, que afectan a los intereses generales de la nación y, sobre todo, a las exigencias de la justicia y de la paz.

En esta tarea, su Gobierno es consciente de la importancia que ha de darse, no sólo a las medidas propias de la técnica administrativa o financiera, sino también a la concienciación de los ciudadanos para que participen con esperanza y espíritu de colaboración en el bien común, sin que las legítimas divergencias se transformen en antagonismos irreductibles. Para ello hacen falta ideales verdaderamente profundos y duraderos, anclados en la verdad objetiva sobre el ser humano, de los que los más altos responsables de la sociedad han de dar testimonio con su afán de servicio, transparencia y lealtad, contagiando, por decirlo así, a todo el pueblo su propio compromiso de construir un futuro mejor.

En efecto, el crecimiento de un País no se puede medir exclusivamente por la riqueza que produce, aún cuando ésta sea una condición indispensable y, por tanto, un objetivo a perseguir. Por eso, cuando se relega alguna de las dimensiones esenciales del desarrollo integral se corre el riesgo de crear nuevos desequilibrios y, a fin de cuentas, poner en peligro incluso las conquistas ya logradas. Su Gobierno es consciente de que no basta un incremento de la producción si ésta no se transforma en bienestar real para todos, que no existe un verdadero bienestar sin una adecuada educación en los diversos niveles y accesible a todos, un orden social justo y una administración de justicia ágil.

Tampoco se construirá un futuro sólido y esperanzador si se abandonan los valores e instituciones básicas de toda sociedad, como la familia, la protección de los menores y los más desasistidos y, menos aún, si se horadan los fundamentos mismos del derecho, la libertad y la dignidad de las personas, atentando a la vida desde el momento de su concepción. Como usted ha indicado, estos valores son patrimonio común, que han de ser defendidos también en los foros internacionales para ofrecer un futuro más esperanzador a todo el género humano.