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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
Conferencia pronunciada por monseñor Oscar Domingo Sarlinga, obispo
de Zárate-Campana en Forum Empresa
(el 16 de julio de 2007)
I
INTRODUCCIÓN
Una primera y fundamental consideración consiste en que, por ser
personas, todos somos «responsables» (condición inherente a ser
libres). Y así lo son también los distintos niveles de sociedad
humana, tanto el Estado como la sociedad civil y la empresa (en
tanto cuentan con lo que podemos llamar «soberanía relacional»)
poseen responsabilidad social. Más aún, la familia (llamada en su
momento por Juan Pablo II, también «soberana») posee también una
ineludible responsabilidad social. Por ello debemos siempre tener
presente la necesaria «corresponsabilidad» de todos los sectores
integrantes sociales.
Como vemos, quiero expresar que dicha responsabilidad social, sobre
la que vamos a tratar, no es algo privativo de la empresa, sino que
parte de la fundamental «inclinación social de la persona humana», o
«sociabilidad». A su vez, de la fundamental dignidad de la persona,
y de la armonía entre su sociabilidad, un «proyecto dignatario» de
sociedad (o conforme a la dignidad humana) y el estado social de
derecho, surge la necesidad de la «gobernabilidad», o necesidad y
condición del buen gobierno de una sociedad determinada, para que
pueda cumplir sus fines, los cuales deben ser conformes a la
naturaleza de la misma persona humana, destinada a la felicidad.
Si
bien no es el momento de hacer dilucidaciones filosóficas, podemos
traer a colación que una buena definición de persona la encontramos
en Boecio, en el siglo VI: “Naturae rationalis individua substantia”(1)
(«substancia individual de naturaleza racional»). En ella están
contenidas la pertenencia a una determinada natura, o naturaleza,
que es racional (y que incluye no sólo lo intelectual, sino también
lo espiritual, y, podemos decir, lo «connaturalmente religioso»). De
dicha definición, puesto que menciona la índole a la vez racional e
individual de la persona, podemos también extraer las condiciones de
«autoconciencia, determinación, subjetividad». Estando las personas
incluidas en una sociedad, vemos entonces que la gobernabilidad no
puede consistir sólo en leyes impuestas desde fuera, que no serían
sino mera «heteronomía» (y por consiguiente negaría la libertad y la
subjetividad) pero tampoco de una pretendida «autonomía absoluta» de
la persona, lo cual sería anomia. La persona posee su «riqueza
óntica», que dimana de su propio ser, y la sociedad posee una
«axiología ética» que le es propia, y que debe ser tenida en cuenta
para la buena gobernabilidad.
Quizá son temas un poco áridos para la mentalidad del mundo de hoy.
Pero todos esos conceptos adquieren una nueva dimensión si los
miramos desde el principio (y a la vez desafío) de la «solidaridad»,
la cual es fundamentalmente una virtud que deriva de la caridad en
su dimensión social, y no un mero concepto sociológico.
Más aún, el principio, que hoy llamamos de «solidaridad» y cuya
validez, ya sea en el orden interno de cada nación, ya sea en el
orden internacional, ha recordado Juan Pablo II en la Sollicitudo
rei socialis, se demuestra como uno de los principios básicos de la
concepción cristiana de la organización social y política. León XIII
lo enunció varias veces con el nombre de «amistad» (concepto que ya
hallamos en la «philía» de la filosofía griega) y más adelante Pío
XI lo designa con la expresión no menos significativa de «caridad
social». Pablo VI, ampliando el concepto, de conformidad con las
actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de
«civilización del amor»(2)
o «civilización del amor y de la paz». Todos son conceptos unívocos
y cargados del mismo significado, pues sin amistad social no se
puede vivir y la sociedad se desgarra en facciones.
Tanto los conflictos, como las guerras y las desgraciadas
situaciones del siglo XIX y XX nos han dado muestras de que la
solución auténtica para la sociedad de hoy (y en esto incluimos la
responsabilidad social), ha de tender a crear una comunidad mundial
mediante el ejercicio de la fraternidad y de la solidaridad, cuyo
desafío se calibra por la búsqueda de un «humanismo integral y
solidario» cuyas características, en nuestra visión cristiana, son
las siguientes: se trata un humanismo «teocéntrico», esto es, visto
a la luz del misterio de la Redención(3)
(lo que no excluye en absoluto, antes bien, la afirma, a la libertad
religiosa); «presente en la historia»(4);
«respetuoso con los derechos humanos»(5);
«comunitario donde se reafirme la primacía del hombre sobre la
sociedad»(6);
«interrelacional y a la vez unitario», en el que se respete la
unidad de los pueblos frente a la confrontación(7);
«cultural, con una nueva cultura del trabajo, del progreso y de la
distribución de los bienes»(8).
El Papa Benedicto XVI recoge todo este tema a lo largo de su
Encíclica sobre el Amor, «Deus Caritas est», que considero señera
para nuestra época, al mismo tiempo que hace una recensión acerca de
los documentos de los últimos Papas sobre la cuestión social y sus
soluciones de fondo(9).
Ahora bien, centrándonos en el tema de la responsabilidad social de
la empresa, considerado focalmente en este digno Congreso Americano,
digamos que posee como base «la consideración de lo que la misma
empresa es», esto es, un conjunto de personas, que hay que respetar
en sus derechos y en su dignidad, puesto que su «eje ético» es éste:
la vida humana y sus valores deben ser siempre el principio y el fin
de la economía.
Por ello no podemos dejar de lado los fundamentos filosóficos y
teológicos. Pienso que se trata sobre todo de considerar la
«responsabilidad social de la empresa» desde la perspectiva de
«devolver al hombre su justo lugar en el desarrollo de las
actividades humanas, de modo tal que dicha responsabilidad se
constituya como una forma de gestión basada en valores éticos», no
en un «eticismo» de un puro imperativo categórico sino en un «ethos»
que lleve a un empeño personal, moral, y consciente de los miembros
de la empresa a fin de cumplir íntegramente con los objetivos
internos y externos de la organización, considerando las
expectativas de todos los sectores y grupos de interés involucrados,
en todos los ámbitos humanos: lo económico, social, y también
ambiental, sin olvidar lo familiar y espiritual. Todo ello es
necesario para el «desarrollo sostenible de la empresa y de la
sociedad», demostrando el respeto a la dignidad de las personas, a
las comunidades y al medio ambiente, colaborando así a la
construcción del bien común con justicia social. Esto requiere de la
ética y la moral.
¿Puede entrar la moral en la gestión de la empresa?. Debe hacerlo.
Para el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia la economía
tiene en sí una «dimensión moral»(10),
que significa que el aumento de riqueza debería acompañarse de una
preocupación por la solidaridad y de un espíritu de justicia y
caridad. Porque de lo contrario no llevarían a nada los esfuerzos
tendientes a crear proyectos capaces de animar a una sociedad más
equitativa y un mundo más humano. Tal esfuerzo es necesario y es
posible para preservar la calidad y el significado moral de la
actividad económica.
II
PATRIMONIO HUMANO DE LA EMPRESA, SU MAYOR RIQUEZA
El
supuesto demostrable de esta última se basa en que los seres humanos
(y no sólo, por ende, los «recursos humanos») son el patrimonio más
valioso de la empresa, cuya finalidad es su existencia como
comunidad de hombres, en clave solidaria y servicial(11).
En la «Centesimus Annus» de Juan Pablo II, el Papa nos enseñaba los
aspectos positivos de la empresa, organizada para transformar la
naturaleza y lo humano: “(…) la moderna economía de empresa comporta
aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de la persona, que se
expresa en el campo económico y en otros campos”
(12).
Se trata de una asociación libre de personas, destinadas a la
producción de bienes y servicios vendibles, a la que unos aportan
capital, y otros, trabajo, ya sea de dirección o de ejecución. En
definitiva, se trata de presentar una sociedad basada en el trabajo
libre, en la empresa y en la participación, elementos que, cuando se
dan, otorgan derecho de ciudadanía a la «economía de empresa»,
«economía libre» o «economía de mercado», factores todos que
coinciden con un «capitalismo de rostro humano», no un capitalismo
salvaje y desencarnado, sino “(…) un sistema económico que reconoce
el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los
medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de
la economía”
(13).
Ello significa asumir nuevos valores, transidos de solidaridad, y a
escala empresarial, significa desarrollar nuevos recursos y
capacidades estratégicas coherentes con los principios del
desarrollo sostenible. En las enseñanzas del Concilio Vaticano II(14) se
encuentran algunos principios que señalan el horizonte de la ética
de empresa: se trata de situarla en la interdependencia entre
persona y sociedad, «la promoción del bien común»(15),
«el respeto a la persona»(16),
«el respeto a los adversarios», así como «la llamada a la
responsabilidad y a la participación»(17),
«la superación de una ética individualista»(18)
y «la potenciación de la solidaridad humana»(19).
Se
preguntarán ustedes en qué momentos comenzaré a dar alguna
referencia más pragmática. Es verdad que la Iglesia “(…) no propone
sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta
preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del
hombre sea debidamente respetada y promovida y ella goce del espacio
necesario para ejercer su ministerio en el mundo (...) y que (…) La
Doctrina Social de la Iglesia no es, pues, tercera vía entre el
capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una
posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas
radicalmente, sino que tiene una categoría propia”, como lo
expresara Juan Pablo II(20).
Entonces dirán: ¿Y dónde menciona al lucro, motor fundamental de la
empresa, en la concepción capitalista?. Reconozcamos que, si bien el
Magisterio de la Iglesia no deja de reconocer que el beneficio es el
primer indicador de la buena marcha de la empresa, al mismo tiempo
que reconoce dicha importancia, subraya sobre todo la necesidad de
tutelar la dignidad de las personas que trabajan en las empresas,
puesto que el trabajo, la actividad laboral debe volver a ser el
ámbito en el que el ser humano pueda realizar sus propias
facultades, usando toda su capacidad e ingenio personales. Así, el
crear las condiciones más favorables para ello depende en gran parte
de los empresarios y no se opone a una justa ganancia, que debe ser
justamente compartida y participada, tanto más en nuestra era de
«globalización». Si nos referimos al mentado fenómeno de la
«globalización», no podemos dejar de ver que éste alimenta la
esperanza de una mayor participación en el desarrollo, pero también
presenta varios riesgos relacionados con las nuevas dimensiones de
las relaciones comerciales y financieras, que pueden producir un
incremento de la diferencia entre la riqueza económica de pocos y el
crecimiento de la pobreza de muchos. Por ello, la globalización no
debe ser generadora de «pobreza globalizada», o de una
«globalización de la exclusión».
Dentro de una acción empresarial necesariamente contextualizada por
la globalización, constituye un deber de conciencia para el
empresario y para la sociedad en general el asegurar una
«globalización en la solidaridad», una globalización sin dejar a
nadie al margen, porque no se puede confiar el desarrollo ni al solo
proceso «casi mecánico» de la acción económica de los individuos ni
a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo hay que
calificar de falsas tanto las doctrinas hiperliberalistas, que se
oponen a las reformas sociales indispensables -en nombre de una
conclamada libertad, y también aquellas doctrinas que, imbuidas de
un colectivismo utópico, sacrifican los derechos fundamentales de la
persona y de los grupos «en aras de la organización colectiva de la
producción»(21).
A
modo de primera síntesis, estamos en condiciones de afirmar que, con
el análisis de la enseñanza de esta Constitución conciliar y de la
mano de la encíclica «Centesimus Annus» podemos señalar algunos
«ejes éticos» en torno a los cuales ha de contemplarse en la praxis
la dimensión social y responsable de la empresa portadora de una
función esencial con carácter cultural: los hombres constituyen el
patrimonio más valioso de la empresa(22),
y sólo con esta condición podemos hablar de un «capitalismo
aceptable, de rostro humano», como lo concibe la mencionada «Centesimus
Annus» de Juan Pablo II, tan citada (que hunde sus raíces en la «Mater
et Magistra» de Juan XXIII), encontrando, de tal suerte, los
fundamentos conceptuales de la responsabilidad ética de la empresa:
-Digamos también que el Magisterio de la Iglesia reconoce la
centralidad que en la economía actual posee la empresa: “La moderna
economía de empresa comporta aspectos positivos, su raíz es la
libertad de la persona, que se expresa en el campo económico como en
tantos otros campos”(23).
Por otra parte, afirmamos una vez más que esa centralidad de la
empresa en la economía proviene de la centralidad de la persona
humana y no del capital, puesto que, a raíz de la dignidad de la
persona es “(…) siempre más evidente y determinante el rol del
trabajo humano disciplinado y creativo y, como parte esencial de tal
trabajo, de las capacidades de iniciativa y de emprendimiento”(24).
Este es un criterio axiológico fundamental para medir la función
ética de las utilidades y las ganancias de la empresa, esto es, el
que los factores productivos hayan sido adecuadamente utilizados y
las correspondientes necesidades humanas satisfechas. La empresa
debe ser una comunidad solidaria no encerrada en los intereses
corporativos, tender a una «ecología social» del trabajo y
contribuir al bien común, incluida la salvaguardia del ambiente
natural.
Así, estos conceptos, claves para una correcta apreciación de la
Responsabilidad Social Empresarial, han de integrar las llamadas
«cuatro P» en la lengua inglesa (especialmente apta para todo lo
empresarial), es decir: «profit, people and planet» (queriendo
significar las dimensiones económica, societaria y medio-ambiental)
con la primera y fundamental «P» que es la de «Person, Persona», la
cual subraya la necesidad de que la razón de ser misma, la toma de
decisiones y todas las operaciones de la empresa partan del respeto
de la dignidad de la persona humana, y esta última concebida en su
integridad, también en su dimensión religiosa y espiritual.
III
LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES INTERMEDIAS, O «EL TERCER SECTOR»
MARCO REFERENCIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Hemos visto la dignidad fundamental de la persona humana, sus
inclinaciones sociales o sociabilidad, el papel del Estado y de la
empresa. Contemplada ahora la empresa en su proyección en el ámbito
social, no podemos dejar de considerar que la participación del
ciudadano en la vida pública, tanto la individual como la asociada,
se manifiesta de una forma peculiar en las llamadas «sociedades
intermedias», «asociaciones intermedias» o simplemente «tercer
sector».
En
este último se han querido colocar aquellas actividades que se
sitúan a medio camino entre la aplicación de «la economía estatal» y
«la economía privada de mercado», el cual constituye un sector
lucrativo y está formado por todas aquellas entidades cuyo fin es la
búsqueda de beneficio económico y están reguladas por las leyes de
la economía. El Estado, en cambio, ha de ser un sector público y por
ello no lucrativo y formado por las administraciones públicas, los
organismos autónomos y las empresas estatales, cuya función es la de
dirigir las políticas de un país para que sus ciudadanos puedan
gozar de la calidad de vida adecuada.
Las asociaciones intermedias o tercer sector, muchas veces mal
llamadas a secas «voluntariado», es de iniciativa social. No es
Estado ni Mercado y está formado por todas aquellas organizaciones
no lucrativas que buscan el bienestar de todos los ciudadanos.
Dentro de este último existen organizaciones tan dispares como las
cooperativas agrarias tradicionales, las entidades aseguradoras, las
mutualidades, organizaciones de voluntariado, y fondos éticos de
diversa índole.
La
Iglesia, dicho sea de paso (aunque no tendría que ser necesaria la
aclaración), no es –ella misma- una mera asociación intermedia,
aunque anime e incluso dirija numerosas asociaciones intermedias del
mencionado tercer sector, o que incluso algunas de estas
instituciones pertenecientes a éste sean manifestaciones de la
«caridad institucionalizada de la Iglesia», como lo es por ejemplo
«Caritas», con una generosa misión de promoción humana integral.
Todo el tercer sector posee como referencia esencial su dimensión
altruista y solidaria que definen una concepción generosa de la
economía, y que se halla basado en el gran principio de la doctrina
social de la Iglesia, que es el de la «subsidiariedad», animado
intrínsecamente por el de la mentada «solidaridad», la cual actúa
siempre como elemento transversal de toda acción en bien de la
sociedad(25).
Como ya hemos hecho alusión más arriba, no estamos hablando aquí de
una solidaridad comercial, instrumental o técnica sino de una
solidaridad esencial que configura las mismas estructuras económicas
y cívicas.
El
tercer sector con sus asociaciones intermedias se dedica a la
«asistencia», donde es ésta es necesaria (sin caer en un concepto
reductivo de la limosna y menos en la «subcultura o contracultura de
la dádiva»), y a la «promoción humana», esto último, claro, sin
suplir ni reemplazar (en lo cual consiste el principio de
subsidiariedad) a la sociológicamente llamada «representación
vertical», la cual es propia del Estado (para con el cual, respecto
de la Iglesia, subsiste el principio del Concilio Vaticano II, de
«mutua autonomía, sana cooperación»). Se trata, entonces, de una
cooperación con un proyecto dignitario, tanto con el Estado y con el
Sector privado, en una «articulación asistencial, sí, pero sobre
todo promocional», que genere autodeterminación, capacidades y
productividad, para vivir con dignidad.
En
la actualidad, las sociedades o asociaciones intermedias son muy
importantes y constituyen un motor para nada menor de la economía,
de tal forma que muchos ya han llegado a colocarlo como la esperanza
de futuro. Si el principio de subsidiariedad es correctamente
aplicado, podremos hablar no ya de este sector por una
«contribución» que provea al bienestar de los ciudadanos, sino por
«una economía social llamada a llegar donde no puedan hacerlo los
Estados y algunas empresas». Por tanto, en cuanto a la amplitud, el
tercer sector se aplica a la unidad de la dimensión económica y
política de la vida humana, individual y social, con la insistencia
puesta en la economía de servicios o que buscan la aportación
económica para satisfacer las necesidades comunitarias, ya que, como
también lo recordaba Juan Pablo II, “(…) en este campo la primera
responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los
diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad”(26).
Mencionemos aquí en primer lugar, las actividades propias de la
llamada economía social: cooperativas, empresas de cogestión y
actividades autogestionarias(27).
Y en segundo lugar, las entidades no lucrativas con declaración de
entidad públicas entre las que encontramos las mutualidades,
asociaciones y sistemas fundacionales(28).
A
modo de ampliación, me permitirán que mencione algunas
organizaciones incluidas dentro del tercer sector, tales como las
formas de asistencia y promoción dependientes de entidades
religiosas (dentro de las cuales la Iglesia católica, pero también
numerosas otras confesiones religiosas, campo en el que no menor es
la posibilidad de cooperación ecuménica e interreligiosa), así como
por redes comunitarias de ámbito local, a las cuales quizá
pertenezcan algunos de ustedes que están escuchando hoy esta
conferencia. De la misma manera, podemos hablar de Movimientos
sociales, de formas de Asociacionismo civil, tales como
organizaciones de vecinos, deportivas, culturales, educativas, de
ocio y tiempo libre, o científicas, sin olvidar a Organizaciones no
gubernamentales que llevan a cabo un servicio público, pero de
carácter no-estatal. No menor es el papel de las Fundaciones y
centros de investigación, asociados al mundo empresarial.
Como fácilmente hemos de colegir, una buena ley de voluntariado y
una correcta reglamentación hará que estos aspectos de civilización
y desarrollo puedan crecer y medrar para el bien de todos en un
país. Donde el tema no se halle legislado, o se encuentre en una
situación de inseguridad jurídica, será la propia sociedad la que
sufrirá por causa de lo que podemos llamar una verdadera
«irresponsabilidad social», que explicitaré en el punto siguiente –y
final-.
IV
SOCIEDADES INTERMEDIAS, JUSTICIA SOCIAL Y OPCIÓN POR LOS POBRES A
NIVEL PLANETARIO
A
la luz de todo lo visto, podemos afirmar que toda la
«corresponsabilidad social» del Estado, del empresariado, de las
asociaciones intermedias o tercer sector y de las mismas familias
hallan su sentido profundo en la justicia social que nace de la
interpelación que a la sociedad humana hace la fuerza esencial de la
«caridad-ágape» y su correlato, la ley moral. Por ello mismo, en un
plano práctico, el proceso de reforma del sistema internacional de
comercio, la reforma de sistemas monetario y financiero mundial, la
cuestión del intercambio de tecnología, la necesidad de una revisión
de las estructuras de las organizaciones internacionales existentes(29)
constituyen desafíos para este inicio del siglo XXI en tanto que
plantean serios retos a la cuestión sobre la licitud moral de los
actuales sistemas económicos y empresariales. No todas las
soluciones de corte «utópico-ideal» están asentadas sobre bases
sustentables, ni mucho menos.
La
«opción preferencial por los pobres», que sigue siendo ello, es
decir, preferencial sin ser exclusiva ni excluyente, ha de ser cada
día más inclusiva en un sentido amplio, con una actitud
antropológica realista y emprendedora, en todas las opciones que se
propongan de cara al futuro, siempre en el respeto básico a la
dignidad humana y a la verdadera promoción del hombre. En ese
aspecto, el tercer sector, según lo dicho hasta ahora, tiene un
carácter ciertamente emprendedor y vertebrador respecto de una
adecuada interacción con el Estado y con el sector privado
empresarial, todo lo cual apunta al deseo de incorporación a la vida
socio-económica-cultural (y religiosa también, no olvidemos esta
dimensión fundamental) de los sujetos marginales y de los excluidos.
La
opción preferencial por los pobres no podría tampoco quedarse en un
mero sentimiento, por noble que éste fuera, o bien ser reducido a un
concepto de asistencialismo (aunque ya dijimos que la asistencia es
necesaria, precisamente cuando es necesaria…). La opción ha de ser
efecto de una decisión personal y colectiva, reconociendo la
posibilidad y factibilidad para los pobres de ayudarlos a construir
una vida nueva, con un punto-raíz personal y personalizado, con un
punto de llegada que es personal y colectivo en cuanto contempla los
pobres como personas individuales de naturaleza racional y
dignísimas como todos, y también como aquellos que sufren las
consecuencias de la acción de unas estructuras planetarias que en
ocasiones son «pecados estructurales», o, mejor dicho todavía,
«estructuras transidas de pecado». La encíclica «Centesimus Annus»
y la «Sollicitudo rei socialis» son claras en su exposición de esta
opción preferencial por los pobres, contemplada incluso en el marco
de la globalización o mundialización de la economía en cuanto “(…)
hoy se está experimentando ya la llamada economía planetaria,
fenómeno que no hay que despreciar, porque puede crear oportunidades
extraordinarias de mayor bienestar”(30).
Por ello, a los fines de superar situaciones de injusticia y crecer
en corresponsabilidad, gobernabilidad e interacción, esta Encíclica
propone: La creación de “(…) adecuados órganos internacionales de
control y de guía válidos que orienten la economía misma hacia el
bien común, cosa que un estado solo, aunque fuese el más poderoso de
la tierra, no es capaz de lograr”. Y ello para la necesaria
concertación de las acciones en pro de la búsqueda de igualdad: “Es
necesario que aumente la concertación entre los grandes países y que
en los organismos internacionales estén igualmente representados los
intereses de toda la gran familia humana”.
La
atención a los más débiles no puede ser tachada de mero
asistencialismo, incluso en el orden internacional, ya que aquélla
“(…) a la hora de valorar las consecuencias de sus decisiones, tomen
siempre en consideración a los pueblos y países que tienen escaso
peso en el mercado internacional y que, por otra parte, cargan con
toda una serie de necesidades reales y acuciantes que requieren un
mayor apoyo para un adecuado desarrollo”(31).
Y para esto se hace necesaria también una opción política.
De
hecho, la subvaluación y menosprecio de la política (fenómeno no
menor en nuestros tiempos) en nada ayuda a la recuperación de la
exclusión. Así como vimos la positividad del tercer sector, también
dijimos que tenía que darse conforme al principio de subsidiariedad.
Pues aún con sociedades intermedias activas a nivel de la sociedad
civil, sin política no hay gobierno ni Estado, y la caída en sí de
las instituciones políticas no podría obrar ningún bien, antes bien,
originaría corrupción. Por el contrario, en una buena actuación de
lo político, se desvela el nacimiento del «estado de derecho social»
y su sustentabilidad, en armonía y corresponsabilidad de todos los
sectores.
Esto último confluye en la misma acción y fisonomía del Estado de
bienestar desde tres niveles: el Estado cumple su rol, el
empresariado el suyo, con la consiguiente corresponsabilidad social
de la empresa, y al mismo tiempo nacen nuevos espacios servidos por
el tercer sector o asociaciones intermedias, lo cual clarifica la
situación de una gran población pasiva dependiente del Estado o de
las nuevas instancias nacientes en un ámbito global o en mercados
regionales. A partir de esta interacción, en el mismo campo cultural
surgen nuevos productos que ponen un énfasis especial en el
significado de las relaciones humanas, en los bienes relacionales
más que materiales y en la cooperación(32).
Para que la dignidad de la persona, excelsa creatura de Dios, pueda
vivir en un mundo más humano, más digno del mismo Dios y del hombre
que ha creado.
Notas:
(1)
BOECIO, De persona et duabus naturis, c. II.
(2)
Cf. Juan Pablo II, Enc. Centesimus Annus, 10 (en dicha
encíclica, el Papa Juan Pablo hacía referencia a los conceptos de
«amistad social», tan fundamental para la gobernabilidad, y al de
«civilización del amor», empleado por primera vez por el Papa Pablo
VI en 1970).
(3)
Cf Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 31.
(4)
Ibid., 32.
(5)
Ibid., 33.
(6)
Ibid., 42-44.
(7)
Cf. Ibid., 40.
(8)
Ibid., 29.
(9)
“En 1891, se interesó también el magisterio pontificio
con la Encíclica Rerum novarum de León XIII. Siguió con la Encíclica
de Pío XI Quadragesimo anno, en 1931. En 1961, el beato Papa Juan
XXIII publicó la Encíclica Mater et Magistra, mientras que Pablo VI,
en la Encíclica Populorum progressio (1967) y en la Carta apostólica
Octogesima adveniens (1971), afrontó con insistencia la problemática
social que, entre tanto, se había agudizado sobre todo en
Latinoamérica. Mi gran predecesor Juan Pablo II nos ha dejado una
trilogía de Encíclicas sociales: Laborem exercens (1981),
Sollicitudo rei socialis (1987) y Centesimus annus (1991). Así pues,
cotejando situaciones y problemas nuevos cada vez, se ha ido
desarrollando una doctrina social católica, que en 2004 ha sido
presentada de modo orgánico en el Compendio de la doctrina social de
la Iglesia, redactado por el Consejo Pontificio Iustitia et Pax. El
marxismo había presentado la revolución mundial y su preparación
como la panacea para los problemas sociales: mediante la revolución
y la consiguiente colectivización de los medios de producción —se
afirmaba en dicha doctrina— todo iría repentinamente de modo
diferente y mejor. Este sueño se ha desvanecido. En la difícil
situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la
globalización de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha
convertido en una indicación fundamental, que propone orientaciones
válidas mucho más allá de sus confines: estas orientaciones —ante el
avance del progreso— se han de afrontar en diálogo con todos los que
se preocupan seriamente por el hombre y su mundo” (Benedicto XVI,
Enc. Deus Caritas est, 27).
(10) PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, COMPENDIO DE LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, n. 332.
(11) Cf. Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis,
35.
(12) Ibid., 32.
(13) Ibid. 42.
(14) Cf. Ibid, nn. 25-32 y 68.
(15) Ibid., 26.
(16) Ibid., 27
(17) Ibid., 31.
(18) Ibid., 30.
(19) Ibid., 32
(20) Ibid. 41
(21) Cf CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes,
65
(22) Juan Pablo II, Enc. Centesimus Annus, 35
(23) Ibid., 32
(24) Ibid., 35.
(25) Cf. Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis,
41.
(26) Juan Pablo II, Enc.
Centesimus Annus, 48.
(27) Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et
Spes, 68.
(28) Cf. Juan Pablo II, Enc. Centesimus Annus, 49
(29) Juan Pablo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 43.
(30) Juan Pablo II, Enc.
Centesimus Annus, 58.
(31) Cf. Ibid.
(32) Cf Ibid., 50; Id., Enc.
Redemptoris Missio, 39; 52.
Mons. Oscar D. Sarlinga, obispo de Zárate-Campana |
