Obispos de Eritrea contra la nacionalización de escuelas y hospitales católicos

  • 11 de septiembre, 2019
  • Asmara (Eritrea) (AICA)
Denunciaron una estrategia persecutoria del gobierno de Asmara con respecto a la Iglesia.

Cierres, requisiciones y finalmente estatalización de clínicas, hospitales, escuelas e institutos de formación. Un camino de persecución contra las obras de la Iglesia Católica – denuncian los obispos eritreos – iniciado por el gobierno de Asmara hace casi dos años con la orden de cerrar la escuela secundaria del Santísimo Sacramento del Seminario de la capital del país africano.

Una institución histórica, que en el transcurso de más de un siglo ha desempeñado un importante papel cultural y espiritual, al servicio de la Iglesia y del país.

A esto siguió después la requisa de ocho centros de salud y la nacionalización de otras veintiún clínicas, y finalmente, el pasado 3 de septiembre, la nacionalización de tres importantes escuelas infantiles, primarias y secundarias, dirigidas por los Hermanos Lasallanos de Cheren y por los Hermanos Capuchinos en Addi-Ugri y en Massawa.

"Sobre todas estas medidas – escriben los obispos en una carta enviada al ministro eritreo de Educación Pública – formulamos nuestra debida y legítima protesta".

Los firmantes del documento usan palabras vibrantes de condena del trabajo del gobierno de Asmara: Menghisteab Tesfamariam, arzobispo metropolitano de Asmara; Thomas Osman, eparca de Barentu; Kidane Yebio, eparca de Cheren y Fikremariam Hagos, eparca de Segheneyti.

Los cuatro eparcas católicos reclaman la misión y el papel de la Iglesia para el bien del país, que siempre ha estado comprometida con la “promoción integral” de la persona, activa en los campos de la educación, la salud y el desarrollo social en general, "no sólo dentro de sus recintos sagrados, sino en los campos abiertos de las escuelas, clínicas y hospitales es decir, en todas partes donde los hombres y las mujeres reivindican el derecho y la necesidad de que se les cuide y eduque, y la Iglesia se siente capaz de contribuir a su bienestar general".

“Como en los dos mil años de su viaje a través de la historia, aún hoy la Iglesia reclama para sí misma un conjunto de derechos", entre los que se incluye "poseer bienes muebles e inmuebles apropiados para el desempeño de su misión multiforme". Puesto que se trata de derechos naturales que Dios mismo le ha concedido, el permitir o negar su ejercicio –advierten los obispos eritreos – no corresponde, por ningún motivo, a la voluntad o al capricho de nadie".

En cuanto a la nacionalización de las escuelas, los obispos subrayan que "ningún otro fin" es propuesto por la Iglesia en la gestión de sus instituciones educativas, sino “la contribución honesta, correcta y apasionada a la promoción integral del hombre, hoy como ayer". Pueden dar testimonio de ello – añaden – sin ser desmentidos, cuantos, hombres y mujeres de cualquier religión y curso de vida, han pasado por nuestras aulas, han saboreado las enseñanzas de vida, y hoy están dispersos por todo el mundo".

Además, los prelados recuerdan el papel histórico desempeñado por las instituciones religiosas, no sólo católicas, sino también ortodoxas, islámicas y judías, que han contribuido a la "formación, constitución y definición de la identidad y la cultura".

"Los sistemas administrativos modernos, la evolución de la conciencia política y de la cultura literaria, el progreso de las lenguas, han encontrado sus mejores cultores en los eritreos que han salido de las escuelas dirigidas por la Iglesia Católica y por otras confesiones religiosas". No hay que olvidar que "sus contribuciones en los procesos políticos y en la lucha por la independencia – señalan los obispos – ocupan un lugar eminente en la historia" de Eritrea.

Entonces – se preguntan los obispos – ¿cómo enmarcar esta expropiar a la Iglesia de sus instituciones educativas, instrumentos a través de los cuales ha influido profundamente en el crecimiento, el progreso y la civilización de todo un pueblo? ¿Con qué fundamentos se atrevió a declararla, con los hechos más que con las palabras, desprovista de todo título o derecho a reclamar contra tales instituciones? Si esto no es odio contra la fe y la religión, ¿qué más puede ser? Al retirar a los niños y jóvenes de las estructuras capaces de formarlos en los valores supremos del temor de Dios y de la ley moral, ¿qué nuevas generaciones se quieren preparar para el futuro de este país?

En su carta, los obispos afirman que siempre han querido encontrarse con las autoridades gubernamentales "para dialogar sobre todo lo relacionado con la situación" de la Iglesia, sin haber tenido una respuesta ni "ninguna consideración".

Por lo tanto, lamentan que las autoridades de Asmara no han motivado "las recientes e injustificables disposiciones": ninguna transgresión de los reglamentos administrativos de la escuela o de las normas, ni inadecuación pedagógica o didáctica, ni culpabilidad por comisión u omisión.

Por el contrario – dicen los obispos – "nuestras escuelas se han distinguido por su calidad y nivel", obteniendo "los mejores resultados en los exámenes nacionales" que "deberían haber merecido el mayor reconocimiento y aliento".

"Estas cosas – dicen los obispos – las sabe el Estado y, si es necesario, puede tomar conocimiento viendo los informes regularmente enviados al Ministerio de Educación a lo largo de los años".+