Domingo 9 de agosto de 2020

Vicentín: La Pastoral Social pide una solución dentro del estado de derecho

  • 2 de julio, 2020
  • Rosario (Santa Fe) (AICA)
La Pastoral Social rosarina pidió una solución del caso Vicentín que "preserve el trabajo de empleados y productores y los legítimos intereses de la comunidad dentro del estado de derecho".

El Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social de Rosario difundió una reflexión sobre el caso de la empresa alimenticia Vicentín, recurriendo a las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia y afirmando que “la realidad es compleja y reúne muchas facetas como las caras de un poliedro según la figura usada por el papa Francisco”.

En el documento, pide se deje al “Poder Judicial cumplir su función en el Concurso de Acreedores respetando la manda constitucional del artículo 1” y subraya que “todos los derechos consagrados en este texto deben ser atendidos”.

Asimismo, recuerda que “el derecho de propiedad (artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional) no puede ser desconocido aunque tampoco puede concebirse sin la función social que lo grava cual hipoteca, según nos enseñara San Juan Pablo II”.

La Pastoral Social rosarina también manifiesta su “preocupación por la concentración y extranjerización de las empresas cerealeras” y sostiene que “el Bien Común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro”.

“Nos preocupa Vicentin. Nos preocupa nuestra Patria y el Pueblo, el pueblo sencillo que quiere trabajar y no siempre puede y  que aunque pueda, se esfuerce  y lo haga, se empobrece cada vez más desde hace muchas décadas, no sólo por el deterioro de sus condiciones socioeconómicas sino  también institucionales y ciudadanas”, advierte.

“Alentamos que la cultura del encuentro penetre nuestras conciencias y se logre una solución del caso Vicentin que preserve el trabajo de empleados y productores y los legítimos intereses de la comunidad dentro del estado de derecho”, pide.

Firman la reflexión monseñor Emilio Cardarelli, delegado episcopal para la Pastoral Social y la doctora Viviana WilleBille, directora del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social.

Texto de la reflexión
La realidad es compleja y reúne muchas facetas como las caras de un poliedro según la figura usada por el Papa Francisco.
Creemos que este debe ser el punto de partida para analizar el caso Vicentín  por  los múltiples derechos e intereses que encierra.
Para guiarnos recurriremos a la Doctrina Social de la Iglesia, cuya elaboración multisecular nos asegura independencia con relación a la coyuntura. 
Aparecen por un lado los vecinos de la fábrica cuyas vidas, sueños y  familias se desarrollaron a su alrededor porque esta es su fuente de trabajo.
Sabemos lo que el trabajo significa para las personas: “es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él.”(CDSI nº 288). 


Los sindicatos se hacen presentes; su papel debe ser de promotores de la lucha por la justicia social que es lucha  “en favor” del justo bien y no “contra” los demás. (CDSI nº306)


Otros actores son los empresarios cuyas “responsabilidades empresariales y directivas exigen…. una constante reflexión sobre los valores morales que deben guiar las opciones personales de quien está investido de tales funciones” (CDSI nº 344).


Ante la posibilidad de comisión de ilícitos“para tutelar el bien común, la autoridad pública legítima tiene el derecho y el deber de conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos…. En el Estado de derecho, el poder de infligir penas queda justamente confiado a la Magistratura…” ( CDSI nº 402)


La comunidad y la economía también se deben considerar. “La tarea fundamental del Estado en el ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas….Para llevar a cabo su tarea, el Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de superestructuras y constricciones autoritarias o, peor aún, totalitarias” (CDSI nº 352)


Tan fundamental es que el Estado proporcione a la sociedad  y al mercado un marco jurídico como que él mismo lo respete; si no lo hace y desconoce su base constitucional, pulveriza sus cimientos.


A este respecto no podemos dejar de observar que por el art 1º  de la Constitución Nacional nuestro Pueblo se ha dado la forma Republicana Representativa y Federal. La  República exige respetar la división de poderes.


En este sentido “el Magisterio reconoce la validez del principio de división de poderes en un Estado: “Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Este es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres” (CDSI nº 408)


Ante el problema que nos ocupa debe dejarse al Poder Judicial cumplir su función en el Concurso de Acreedores respetando la manda constitucional del art.1.


Asimismo todos los derechos consagrados en este texto deben ser atendidos. El derecho de propiedad (arts. 14 y  17 CN) no puede ser desconocido aunque tampoco puede concebirse sin la función social que lo grava cual hipoteca, según nos enseñara San Juan Pablo II.


Manifestamos nuestra preocupación por la concentración y extranjerización de las empresas cerealeras. El Bien Común y la soberanía nacional exigen que el mercado no quede a merced de intereses mezquinos centrados solamente en el lucro.


Nos preocupa Vicentin. Nos preocupa nuestra Patria y el Pueblo, el pueblo sencillo que quiere trabajar y no siempre puede y  que aunque pueda, se esfuerce  y lo haga,se empobrece cada vez más desde hace muchas décadas, no sólo por el deterioro de sus condiciones socioeconómicas sino  también institucionales y ciudadanas.


Alentamos que la cultura del encuentro penetre nuestras conciencias y se logre una solución del caso Vicentin que preserve el trabajo de empleados y productores y los legítimos intereses de la comunidad dentro del estado de derecho.


Que María, Madre del Pueblo, nos ampare y nos ilumine a todos, especialmente a las autoridades del Estado, responsables por la gestión del Bien Común.+