Domingo 25 de febrero de 2024

Abusos: la Iglesia española se compromete con la "búsqueda de la verdad"

  • 9 de mayo, 2023
  • Madrid (España) (AICA)
La Conferencia Episcopal Española publicó la Instrucción sobre abusos sexuales para la protección de menores y personas vulnerables, "situaciones extremadamente dolorosas e inaceptables".
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La Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó hoy la Instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Se trata de un documento en el que se había venido trabajando desde la Plenaria de abril de 2019, cuando se acordó solicitar a la Congregación para los Obispos la autorización para publicar un decreto general.

Este documento será actualizado cada vez que varíe la normativa canónica vigente. Además, el carácter de Instrucción, al unificar y explicar el derecho vigente sobre la materia, refuerza el aspecto normativo del documento, cuyas cláusulas tendrán fuerza de normas y no solo de orientaciones, en línea con la voluntad manifestada por el Santo Padre, precisaron desde la CEE.

En el preámbulo del texto, se subraya que “una de las responsabilidades más importantes del obispo diocesano es la de proteger y asegurar el bien común de los fieles, especialmente de aquellos amados con predilección por Jesús: los más pobres y necesitados, los menores, los que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón y aquellos otros a los que el derecho reconoce igual tutela; todo ello es parte integrante fundamental de la misión de la Iglesia”.

El texto expresa, además, el deseo de que “cada niño, joven, adulto o anciano” encuentre en la vida eclesial “las condiciones idóneas, de manera que pueda participar en un ambiente ‘sano y seguro’, de modo que su dignidad y sus derechos se vean respetados, y de ningún modo puedan verse amenazados por ninguna persona y en ninguna circunstancia”.

“No hay duda de que, entre las actitudes más repudiables en el ministerio y la vida de un sacerdote, se encuentra el autoritarismo, el abuso de poder y, de modo muy especial, el abuso sexual contra menores, contra quienes tienen habitualmente un uso imperfecto de razón y contra aquellos a los que el derecho reconoce igual tutela”, se puede leer al principio del texto.

Estas situaciones son “extremadamente dolorosas e inaceptables” y causan “daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de fieles”. Por ello, “aprendiendo de las amargas lecciones del pasado y mirando al futuro con esperanza”, la Iglesia asume el compromiso “de adoptar los mecanismos procedimentales que permitan «prevenir y combatir estos crímenes, que traicionan la confianza de los fieles”.

“La Iglesia debe asumir el compromiso de hacer cuanto sea menester -desde criterios de justicia y caridad- para prevenir y, en la medida de lo posible, paliar el mal terrible que se deriva de las faltas que, en el seno de la Iglesia, hayan cometido o puedan cometer contra los más pequeños algunos sacerdotes, consagrados o laicos con funciones concretas u oficios específicos, ocasionando un daño que afecta directamente al entero pueblo de Dios”.

Compromiso con las víctimas
Una vez más, la Iglesia “se conmueve con el dolor de las víctimas y de sus familiares, pide perdón, y se compromete con la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, ello tanto en el ámbito canónico como en el ámbito civil”.

La presente Instrucción de la Conferencia Episcopal Española “garantiza un modo de proceder unitario en todo el territorio de la CEE, de ahí que explique y desarrolle los mecanismos jurídico-procesales del derecho de la Iglesia que son obligatorios y vinculantes para todos los obispos diocesanos, y también, dentro de su propio ámbito y respecto de sus miembros, para los superiores mayores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica clericales”.

Los obispos españoles reafirman “el principio de colaboración con la justicia secular, comprometiéndonos a respetar e incluso alentar el que las víctimas ejerzan el derecho de actuar según su conciencia en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades estatales, sin excluir la posibilidad de que la propia diócesis o el instituto pueda, en su caso, personarse en el proceso penal correspondiente”.+